Caso Infraestructuras: la interventora no envió a la Fiscalía los contratos fraccionados al completo al no hallar indicios penales en todos

El primero en pasar a declarar en la sala 20 donde se celebraba la vista ha sido en torno a las 10.30 horas el jefe de los servicios jurídicos municipales, quien después de dos horas sometiéndose a las preguntas de los abogados y de la representante del Ministerio Fiscal ha señalado a la salida que ha ratificado su informe elaborado en junio de 2021 «como no podía ser de otra manera».

El documento de los letrados del Ayuntamiento sobre contratos menores que llegó a la Fiscalía y dio lugar a esta causa no solo confirmaba las iniciales sospechas de IU y Podemos (como denunciantes) que hablaban de unos veinte contratos menores, sino que lo que hacía era acrecentar la gravedad de esas acusaciones estableciendo una treintena de contratos de menos de 40.000 euros que se ventilaron invitando a tres empresas a pesar de que podían realizarse de forma coordinada en un contrato de obra mayor o en los que no se siguieron las normas de comprobación previstas en la legislación.

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La segunda en declarar fue la propia interventora municipal quien a su salida de la sala ha explicado a ABC que las cuestiones que les han planteado las partes han sido, entre otras, el por qué sólo envió cuatro de esos contratos irregulares a Fiscalía, a lo que ha respondido que «era un muestreo y que el hecho simple de fraccionar un contrato en sí no es por sí mismo delictivo, pero sí envió los que encontró mal porque eran de certificaciones de obras que no estaban realizadas o concluidas«. Hay que recordar que dentro de un muestreo de contratos menores detectó cuatro con indicios de delito penal que envió a Fiscalía.

Ante el juez en calidad de testigo también ha declarado este viernes la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, que después de permanecer unos 20 minutos dentro de la sala salía sonriente y declinaba hacer cualquier declaración a la prensa.

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Por su parte, el abogado del ex concejal David Dorado, Carlos Arias, ha señalado a su salida de las declaraciones, que su representado no está imputado como tal por los hechos de los contratos menores sino que se debate si pudo influir en el nombramiento de la ex coordinadora del área de Infraestructuras, «y se ha visto que no, que nada tuvo que ver con los contratos que hicieron los técnicos ni con el nombramiento de la ex coordinadora que fue nombrada por los cinco concejales de Cs».

Tras esta declaración de la interventora ante el juez también ha prestado testimonio un empresario del sector eléctrico -investigado en la pieza de Instrucción 2-, y el excoordinador de IU Pedro García, que llegaba a la sede judicial tras haber recordado los audios de la exconcejala Amparo Pernichi ya fallecida, que fue quien interpuso la denuncia que ha dado lugar a este caso.

El juez instructor del caso en esta pieza matriz (hay varias en otros órganos judiciales) mantiene como investigados por presunta corrupción en el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba a más de una veintena de empresarios, (detenidos dentro de la operación policial 'Caronte'), al ex jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos, S.Q.; a la ex coordinadora del área de Infraestructuras, y de forma «incierta» al concejal de Cs David Dorado, por delitos de cohecho, fraude a la administración, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 que hace apenas un mes prorrogaba la instrucción de la causa seis meses más pretendía con esas declaraciones dar un nuevo impulso a la investigación de la causa matriz iniciada por la Fiscalía de Córdoba por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos como consecuencia de denuncia presentada ante la Fiscalía por IU y Podemos.

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Por su parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado en un auto fechado el pasado 8 de marzo el recurso presentado por el letrado del exconcejal de Infraestructuras, David Dorado, después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba le rechazara tomar declaración al alcalde de Córdoba, José María Bellido en esta otra pieza.

El juez rechazó dicha solicitud de que compareciera Bellido en plena campaña electoral de las municipales, pero Dorado presentó un recurso de reforma contra la decisión del togado. Hace una semana, el mismo juez de Instrucción 2 vuelve a desestimar ese recurso.