AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Caso Infraestructuras | Fiscalía ve indicios de delitos en los contratos denunciados por Dorado
INFORME DEL MINISTERIO PÚBLICO
Traslada al juez sus diligencias, basadas en una denuncia del ex edil de Infraestructuras sobre una treintena de adjudicaciones con un sobrecoste superior a 400.000 euros de 2016 a 2020
Caso Infraestructuras | El juez ordena a la Policía que investigue las vinculaciones de las adjudicatarias
Cinco claves para entender el 'caso Infraestructuras' que ha estallado en el Ayuntamiento de Córdoba
Córdoba
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónLa Fiscalía Provincial de Córdoba ve indicios de delitos en las contrataciones denunciadas por el ex edil de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, en su propia Área pero con anterioridad -en su mayor parte- a sus años de gestión, ... hechos que denunció hace un año apoyado en una auditoría externa y que luego se complementaron con decenas de expedientes de entre 2016 y 2020 remitidos por el propio equipo de gobierno municipal.
En una nota difundida este jueves por el Fiscal Jefe, Fernando Sobrón, anuncia que se ha dado traslado al juez decano de una denuncia a raíz de los hechos denunciados e investigados al considerar que «existen indicios constitutivos de presuntos delitos de tráfico de influencias , prevaricación y otros que puedan determinarse tras la investigación que se lleve a cabo». Los mismos van dirigidos a un funcionario municipal del Área y como posibles «cooperadores necesarios» a media docena de empresas cordobesas.
Exceso de fondos pagados
En la denuncia de David Dorado sobre la auditoría se llegaba a la conclusión de que los contratos estudiados habrían sido sistemáticamente inflados en su presupuestos . En estos expedientes estudiados, el sobrecoste sumaba 418.217 euros (IVA excluido). De esa cifra, 333.948 (el 80%) corresponden a proyectos asignados a una misma empresa. Además, todos los contratos analizados fueron supervisados o redactados por un mismo técnico de Infraestructuras. Con todo, la investigación del Ministerio Público no ve acreditados, de momentos, estos sobrecostes, como tampoco responsabilidades de índole política en el caso.
De igual forma, la Fiscalía ha solicitado del Juzgado de Instrucción que por turno le corresponda que se continúen practicando diversas diligencias de investigación, entre ellas que se oiga en declaración como investigados a un funcionario municipal de Córdoba -ya están siendo investigados otro funcionario y la excoordinadora general de Infraestructuras- y a otras personas ajenas a la Corporación municipal y relacionadas con las firmas adjudicatarias.
El concejal de Ciudadanos, que fue apartado por el alcalde de sus funciones tras conocerse las imputaciones de la excoordinadora de su área, ha tomado la palabra de manera telemática en el Pleno que celebra el Ayuntamiento este jueves para pedir que se adopten medidas contra el nuevo funcionario municipal imputado y ha criticado a la par la decisión de Bellido de quitarle las atribuciones que tenía.
Hay que recordar que el pasado mayo el juez instructor del caso Infraesctructuras, José Luis Rodríguez Láinz , solicitaba a la Policía Judicial que investigara la existencia de posibles connivencias entre las distintas empresas adjudicatarias o invitadas a alguno de los contratos menores gestionados durante el año 2020 por el jefe de unidad del departamento de Infraestructuras investigado.
El origen del caso
En abril de 2021, IU y Podemos afirman que hay irregularidades en 21 contratos menores de Infraestructuras del último cuatrimestre de 2020 , de alumbrado (por ejemplo, en la avenida de Libia), cubiertas de mercados o adquisición de ropa. El 12 de mayo presentan una denuncia en la Fiscalía.
El cogobierno municipal de José María Bellido (PP) reaccionó con un proceso de información reservada (investigación interna). Abarcó los 42 contratos menores de 2020 de esta Concejalía. Detectó una serie de irregularidades en ellos que podrían ser constitutivas de delito . El bipartito remitió este informe a la Fiscalía.
El Ministerio Público acabó viendo en los contratos de 2020 «indicios» de delitos de « prevaricación y falsedad en documento público». Los atribuye a un técnico de Infraestructuras y a la coordinadora general de esa Delegación , nombrada por David Dorado (Cs).
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete