Caso Infraestructuras| El exjefe del Área dice que sus superiores le instaron a agilizar las obras fraccionadas

Ante el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba S.Q. advirtió de que la decisión de atribuirle parte de la carga de trabajo del Área de Alumbrado Publico fue tomada por el concejal David Dorado y por la coordinadora general de Infraestructuras, previa sugerencia del Letrado del servicios Jurídicos del Ayuntamiento .

Esta primera declaración del caso se efectuó el pasado mes de marzo. En ella, a la que ha tenido acceso ABC, se recogen detalles de quién decidía y a qué empresas se les adjudicarían las obras en tela de juicio; o por qué la luminaria de la avenida de Libia o las cubiertas de edificios municipales como el de Gran Capitán se hacían con contratos pequeños y no por lotes.

El exjefe del Área de Infraestructuras explicó al respecto al juez Rodríguez Laínz, instructor del caso, que el Ayuntamiento contaba en su área con unas 60 empresas, con las que se solían contratar habitualmente para la ejecución de obras menores.

Este funcionario quiso aclarar ante el togado que las obras puestas en solfa por la Fiscalía tenían relación con un plan municipal de choque impuesto por el propio alcalde con una dotación presupuestaria de 500.000 euros y con la advertencia de que tenían que ejecutarse y emitirse su certificación final o factura con fecha limite de 30 de diciembre de 2020.

En esas condiciones, el trabajador municipal aclaró haber tramitado él mismo los 22 expediente s a los que se refiere la denuncia de la Fiscalía (a instancias de otra de Izquierda Unida) y que la selección de los contratistas se hacía depender en un principio de las capacidades y solvencia que demostraban para lo cual, en primer lugar, se encargaba a los capataces del Ayuntamiento que controlaran la forma y aptitud de trabajo de las distintas empresas, adjudicándoles, en primer lugar prestaciones de escasa entidad.

El exjefe del Área de Infraestructuras cargó en su declaración las tintas contra la excoordinadora y también investigada M.L.B. y dijo que fue ella quien le ordenó «no llevar los expedientes por lotes dado que ello significaría que habría que acudir al procedimiento ordinario, por lo cual las obras no se terminarían a finales del 2020 ». Y a su vez, señaló a Rodrígue Laínz que desconocía de quién recibía a su vez las órdenes M.L.B. consistentes en tramitar los expedientes como contrato menores.

S.Q. llegó a reconocer que el volumen de obras por tramitar su terminación era tal que se cogió días de permiso a finales de diciembre del 2020 con la finalidad exclusiva de poder dedicarse únicamente a tramitar la terminación de las obras menores pendientes, ya que podían quedar fuera del programa del plan de choque si no se ultimaban a 30 de diciembre de 2020.

En su amplia declaración, afirmó que la luminaria de la avenida de Libia -otro de los focos de la polémica- se hizo en dos partes porque no estaban conectadas entre sí, ya que eran de direcciones opuestas, y por la enorme presión ciudadana.

« Había una gran presión ciudadana para que se acometiera dicha obra de la avenida de Libia; (..) ambos proyectos estaban pendientes de su aprobación por el Ayuntamiento en el ejercicio presupuestario que correspondiera», recoge el testimonio judicial al que ha tenido acceso ABC.

« Fue decisión del concejal Dorado la elección de estos dos proyectos -de la gasolinera de Cañero hasta Carrefour y el otro desde Carrefour hasta la gasolinera de Cañero- que formaban parte de los 60 que había presentado el declarante para el plan de choque», reza en su declaración ante el juez.