La industria agroalimentaria de Córdoba rechaza el nuevo impuesto al plástico

Esta medida se incluye en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, cuyo objetivo expresado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) es reducir la utilización del plástico de un solo uso y fomentar el empleo de elementos que puedan reciclarse y, de este modo, amortiguar su impacto en el medio ambiente. La industria alimentaria española ya calcula pérdidas por esta cuestión que rondarían los 690 millones de euros.

Uno de los sectores afectados por esta medida sería el olivarero, tanto en variante de aceite de oliva como en lo que se refiere a la aceituna de mesa. La asociación que aglutina a los envasadores de oro líquido (Anierac) ya se ha posicionado en contra de esta nueva carga tributaria al señalar que «vendría a sumar un coste añadido que afectaría a la industria del aceite en general y que supondría un nuevo gravamen económico para el consumidor en un alimento de primera necesidad, por lo que sería inviable moderar el precio de nuestro producto, tal y como nos ha pedido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (PSOE)».

En un ámbito más cercano, la gerente de la Asociación de Almazaras Industriales Cordobesas (Acora), Macarena Sánchez, aseveró que «consideramos que este impuesto es una penalización más del Gobierno a la actividad comercial de nuestro sector productivo, ya que supondrá un incremento mayor de los costes de producción de nuestras empresas».

Desde este colectivo mostraron su apoyo por todas aquellas actuaciones que ayuden al cuidado y al respecto de medio ambiente, pero mostraron sus discrepancias en que este objetivo vaya a conseguirse mediante una mayor carga fiscal a los productores agroalimentarios. En su lugar, abogan por bonificaciones que incentive al tejido empresarial la realización de buenas prácticas en lo que se refiere a la conservación de su entorno. «Estamos convencidos de que, de esta manera, los resultados serían más satisfactorios», resaltó la representante de Acora.

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El sector de la aceituna de verdeo se ha mostrado especialmente duro con esta medida impulsada desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública al afirmar su asociación (Asemesa) que «será un nuevo varapalo para la industria de la aceituna negra española, que se encuentra inmersa desde hace algunos años en una lucha contra los aranceles impuestos por Estados Unidos a nuestras producciones». Por este motivo, solicitan su retirada inmediata para «evitar una pérdida de competitividad a la hora de realizar nuestras exportaciones y un sobrecoste económico difícil de asumir para las empresas».

El consejero delegado de Aceitunas Torrent, Francisco Torrent, subrayó que «no es de recibo que el Gobierno apruebe un nuevo impuesto a un sector como el nuestro que acumula numerosos problemas, como son los aranceles impuestos desde Norteamérica, la pérdida de mercados por la guerra en Ucrania o el encarecimiento de muchos de nuestros insumos». Ante esta situación, este directivo reclamó que suspenda la aplicación la aplicación de este gravamen, «ya que somos el único país europeo que lo va a poner en marcha».

«La economía circular es algo que está muy bien, pero no es justo que la factura la paguemos siempre los mismos debido a que son muchos puestos de trabajo e inversiones los que están en juego», explica el directivo de una entidad que agrupa a empresas que tienen en los envases de plástico como un formato de precio razonable para llevar el producto a sus clientes con las garantías sanitarias debidas.

La Cooperativa La Aurora, con sede en la localidad de Montilla, ha sido conocida tradicionalmente por sus vinos, aunque en los últimos años ha realizado una importante apuesta por su oferta oleícola. Es en este ámbito en el que, según su presidente, Antonio López, más van a notar los efectos de este tributo. Sus cálculos son que el pago de este impuesto les supondrá un sobrecoste anual de unos 7.000 euros, «una cantidad que es importante para nuestra economía».

En la actividad de la ganadería también hay preocupación por este asunto. «En las circunstancias actuales las empresas no pueden asumir más costes de producción, por lo que solicitamos al Gobierno que sea sensible a esta situación y retrase la entrada en vigor de este impuesto al plástico, que de implementarse ahora agravará una situación de especial incertidumbre en el que muchos tendrán que luchar por su supervivencia», según aseguraron desde la Asociación Nacional Industriales de la Carne de España (Anierac).