La huelga de Letrados de la Administración de Justicia dejó el primer trimestre en Córdoba un 16,5% más de asuntos sin resolver

Al cierre del citado periodo, los órganos judiciales de la provincia sumaban la friolera de 46.475 asuntos en trámite, un 16,5% más que hace un año, o lo que es lo mismo, 6.604 causas más a la espera de resolverse.

Ese significativo aumento se explica por los paros indefinidos que protagonizaron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) entre el 24 de enero y el 27 de marzo. Esos dos meses de paro dejaron en la provincia de Córdoba más de 3.000 juicios y actuaciones judiciales suspendidos. A esto se suma más de tres millones de dinero consignado paralizados en los distintos órganos judiciales.

El comité de huelga reivindicaba una subida salarial adecuada a las nuevas funciones que pasaron asumir con las reformas legales de 2009 y especialmente la de 2015. Finalmente, los LAJ aceptaron un incremento en su nómina de entre 430 y 450 euros por letrado y nómina dejando al margen los grupos de población.

Por jurisdicciones, la Civil es la que concentra el grueso de los asuntos pendientes de resolución. Al cierre del primer trimestre acumulaba 28.176 causas en trámite, frente a las 24.237 del mismo periodo en 2022, o las 25.989 que se contabilizaban en diciembre del año pasado.

Dentro del ámbito de lo Civil destaca el rimero de expedientes de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción: han pasado de 9.692 (datos del cuatro trimestre de 2022) a los 11.056 al cierre de marzo: se traduce en que cada órgano tendrá que resolver casi 70 causas más y con el mismo personal.

Mención aparte también merece el Juzgado de lo Mercantil, que rozó al acabar marzo los 700 asuntos sin fallar: este total supera de manera sigificativa el tope marcado por el Consejo General del Poder Judicial, que está en 435.

Ahora, los distintos juzgados tendrán que reorganizar sus agendas para ir incorporando los procedimientos que han quedado aplazados, con el fin de darles respuesta lo más pronto posible.

El orden de llegada de esos procesos será uno de los principales factores a tener en cuenta, según los operadores jurídicos, pero igualmente se atenderá a la prioridad o urgencia de los señalamientos que no han podido celebrarse.

Los órganos de lo Penal también han visto paralizado su funcionamiento y, por ende, aumentado su colapso. Según recoge el informe del CGPJ, sus distintos juzgados dejaron sin resolver al cierre del primer trimestre de este año 11.753 causas: son 1.725 más que hace un año.

En cuanto a lo Social, la situación es más que preocupante. El primer trimestre, los cinco juzgados que operan en Córdoba tenían 6.076 asuntos pendientes, frente a los 5.219 de 2022. Esto significa que la media de expedientes por órgano es de 1.215, cuando el máximo está establecido en 800 al año; es decir, supera ese tope en un 51%.

Por su parte, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, el aumento de casos a la espera de resolverse ha sido de un 25 por ciento, al registrar 462 asuntos en trámite, 83 más que un año antes.

En este caso, estos órganos no se encuentran en su peor momento y su colapso es coyuntural por los paros. De hecho, la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera «conveniente» transformar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba, «lo que permitiría, a su vez, contar con un segundo órgano judicial para especializar en temas de familia, capacidad e internamientos».

Para la resolución óptima de todos los procedimientos que atascan los juzgados, es necesario, junto a la citada reorganización del trabajo, «escalonar las notificaciones», según pidió en su momento el decano del Colegio de Abogados, Carlos Arias: «Puede darse el hecho de que a un mismo letrado le lleguen quince sentencias a la vez, y a partir de ahí el plazo corre para todos por igual, y no puede poner en una semana o quince días quince recursos o demandas».

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también recopila los datos relativos a la ejecución de sentencias. En este caso, el panorama no es más alentador. En el primer trimestre del presente ejercicio se registraron en los 62 órganos judiciales de la provincia 3.559 fallos judiciales, de los que se llegaron a resolver 2.882. El nivel de respuesta sería óptimo si no se tuvieran en cuenta las más de 38.170 resoluciones en trámite a final del periodo que los juzgados arrastran.

Este número de sentencias pendientes son un 6 por ciento más que las que había en marzo de 2022 (35.931) y un 4,1 por ciento que las contabilizadas el pasado diciembre.

Como sentencias pendientes se entienden todas las resoluciones dictadas, que ya son firmes, en las que se ha iniciado el trámite para su ejecución . No se consideran concluidas hasta que el acusado no termina de cumplir la pena impuesta, por lo que la cifra no tiene por qué ser tan negativa como a primera vista parece.

La tasa de congestión de los juzgados cordobeses (indicador que revela cuántos asuntos se resuelven a lo largo del año respecto de la carga total de trabajo) ha pasado de 2,56 puntos en marzo 2022, a 3,05 el mismo mes del presente ejercicio. Ha empeorado, aunque es cierto que ha vivido tiempos peores, como durante la pandemia: en 2020 estaba disparada, en 4,12.

Otro factor que sirve para evaluar el funcionamiento de los juzgados es el de la tasa de pendencia, que relaciona los asuntos que se resolvieron durante un año con los que quedaron pendientes. En este caso, también ha ido a peor en la comparativa interanual: este marzo ha sido de 2.08, frente a 1,57 de 2022.

Al analizar de manera pormenorizada estos indicadores, destaca por encima de todos la pendencia y congestión de la jurisdicción Social, con unas tasas que se han disparado hasta el 8,30 y 9,32, respectivamente. El año pasado estaban en el 4,71 y 5,70.

De nuevo, el juzgado de lo Mercantil sobresale por la compleja situación que atraviesa. Su tasa de congestión es la segunda más elevada, por detrás de los órganos de lo Social: llega a 8,52.

Ha llegado a esta situación no solo por la huelga, sino (y sobre todo) por el aumento considerable de ingreso de asuntos por los concursos de acreedores suspendidos (moratoria por la crisis sanitaria del Covid).

Según el TSJA, el año pasado se incrementaron un 199 por ciento respecto a 2021, junto a las reclamaciones de usuarios por cancelaciones de vuelos y de paquetes de viajes turísticos, así como los concursos de personas individuales, competencia años atrás de los Juzgados de Primera Instancia.

Hay que recordar que la moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante, esta moratoria no impedía que el deudor que se encontrara en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.