El comodín del estadio

Tampoco es cosa de remontarse ahora a Finacom, los maletines y aquel traslado tan peculiar..., aunque hasta hace pocos meses ha estado dando vueltas la sociedad de marras al no estar registrado de manera correcta el recinto ribereño.

Casi treinta años y más de 40 millones de euros después, el Ayuntamiento ha decidido ordenar un perenne uso en precario y alegal a todas luces, pero la fuerza del fútbol y la sensibilidad electoral que su masa social desprende han mitigado lo que en cualquier otro ámbito de la ciudad hubiese sido un escándalo a todas luces. Todo sea por la elástica blanquiverde (bueno, ya ni eso).

El Córdoba CF se convirtió en sociedad anónima deportiva en el año 2000 gracias a la filigrana de ingeniería financiera que el gobierno de Rosa Aguilar inventó para que el patrimonio neto del club no diera negativo (condición 'sine qua non'). Aquel usufructo por 800 millones de las antiguas pesetas, de ida y vuelta, que permitía a la entidad justificar a la Liga que las cuentas cuadraban y que las arcas municipales recibían por el uso del Arcángel y devolvía como una especie de subvención.

El comodín del Arcángel a partir de entonces ha seguido depositado en las cuentas de todos los dueños, gestores, golfos y trincones que han pasado por el Arenal. Sin un convenio reglamentario -pagándose mantenimiento, eso sí-, el inmueble se ha colado en todos los balances para cuadrar unos números que han permitido pingües ingresos (desde televisión hasta patrocinios y ayudas), dos concursos de acreedores y una presunta administración desleal que se sigue juzgando en los tribunales cordobeses con los focos puestos en Carlos González y Jesús León.

Llegados al presente, el fondo Infinity, asentado en Baréin y participado por su familia real, dueño de la sociedad que compró la unidad productiva del club en el precipicio de otra filigrana jurídica, ha mostrado su legítimo interés en explotar el estadio y normalizar su uso. Pero el pliego de concesión no ha gustado en el Córdoba CF quien echa las cuentas y no ve atractivos rendimientos (hosteleros, comerciales y de ocio, básicamente) para asumir la terminación del recinto (tribuna y hotel) y seguir manteniendo las instalaciones propiedad de todos los cordobeses.

El alcalde no quiere problemas jurídicos con una operación tan compleja como necesaria. Y las reivindicaciones de Baréin y sus gestores -poco amigo, por ahora, de grandes dispendios mal intuidos- son comprensibles si el objetivo común es acabar con un triste episodio de la Córdoba contemporánea dentro de la legalidad y apelando a cierta flexibilidad.