El escultor Marco Augusto Dueñas demanda a la Fundación Cajasur por dividir el sepulcro de Miguel Castillejo

La demanda admitida a trámite por un Juzgado de Primera Instancia de la capital cordobesa, a la que ha tenido acceso ABC, recoge que esta obra fue concebida como un todo, habiéndose separado de la misma los ángeles que actualmente he tenido conocimiento que se encuentran en la iglesia del Carmen de Castro del Río, a título individual cuando forman parte de un mismo conjunto escultórico.

El escultor de esta obra entiende que es un autor de «reconocido prestigio, incluso con obras expuestas en El Vaticano«, -acompaña su CV a la demanda-, y entiende que el cambio de ubicación, separación y desmembración de la misma, y la insólita exposición que se hace de la misma, oculta entre librerías como si careciera de valor alguno, altera o interfiere en el proceso de comunicación que toda obra de arte comporta.

A juicio de este escultor, «al modificar los códigos comunicativos, distorsionando los mensajes que transmite y las sensaciones, emociones, pensamientos y reflexiones que despierta en quienes la perciben, y ofrecen una visión negativa del autor de la obra«.

En cuanto al problema de quién es titular esta obra, el escultor Marco Augsto considera que es la Fundación Cajasur, si bien en caso contrario, se solicita que indiquen si por el contrario lo es la Iglesia católica bien a través del Obispado o directamente es propietaria de la obra escultórica o en cualquier caso el título por el que la usa al menos parcialmente en la iglesia de Castro del Río, o la UNED, ayudando en cualquier caso a la identificación del actual dueño.

La demanda, planteada por el abogado cordobés Manuel Fernández Poyatos, se presenta al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ratificado por España por en 1973, por la Constitución Española, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia que los interpreta.

En este sentido, la demanda recuerda que estos textos legales integran entre otros derechos morales, «el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación, en la medida que protege el vínculo que surge entre el autor y su obra«.

La demanda de Marco Augusto solicita una indemnización de 100.000 euros y cuyo beneficiario será la obra social de la Iglesia Católica, «como forma de regeneración sobre el derecho moral del artista, lo cual se simultanea interesando que se ofrezca al autor alternativas de nuevos emplazamientos u obligando a la dignificación de la forma en la que se exhibe la obra, sin que se le pretende imponer como sacrificios desproporcionados susceptibles de ser encuadrados en el abuso que nuestro sistema repudia«.