La propietaria del piso alquiló la vivienda en noviembre de 2019 y firmó la disolución del contrato en marzo de 2024. Sin embargo, al recuperar las llaves se encontró con un panorama desolador: placa vitrocerámica rota, horno inutilizado, frigorífico y lavavajillas dañados, además de cuadros y mobiliario completamente destrozados.
El informe pericial estima los daños en 2.981 euros, y el fiscal no duda en calificarlos como intencionados en su escrito de acusación. Los inquilinos, según el ministerio público, habrían causado los desperfectos «de forma deliberada», lo que constituye un delito de daños intencionados tipificado en el artículo 263 del Código Penal.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados 14 meses de multa, a razón de diez euros diarios, -4.200 euros- con responsabilidad subsidiaria en caso de impago. Además, deberán indemnizar conjuntamente a la propietaria por el importe total de los daños, más los intereses legales y las costas del proceso.
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