La defensa de los padres que se enfrentan a 22 años de cárcel por maltratar a su bebé en Córdoba aportan fotos y vídeos

La razón no ha sido la huelga de jueces y fiscales promovida por las principales asociaciones de la Judicatura y el Ministerio Fiscal sino la aportación a la causa «in extremis» de un disco duro que contiene decenas de vídeos y fotos del bebé desde que nació a apenas unos días antes de que fuera ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Según han señalado a ABC fuentes judiciales los vídeos contiene numeroso material que según la defensa probarían que estos padres no maltrataron a su hijo sino que al contrario tanto a él como a su hermano en numerosas fotos, incluso en el baño donde se les puede ver perfectamente sin marcas en el cuerpo recibiendo cariños de su hermano apenas días de que se desencadenaran estas circunstancias que los ha llevado hasta el banquillo.

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Sin embargo, los hechos de los que les acusa la Fiscalía son muy graves, en un relato demoledor. Están acusados de maltratar a su bebé desde que tenía al menos cuatro meses hasta que acabó en la UCI Pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía en febrero de 2016 con un cuadro de parálisis cerebral y ceguera en provocada por el zarandeo y los malos tratos físicos a los que le sometieron desde que nació, según el escrito de acusación del Ministerio Público.

El escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso ABC, solicita para cada uno de los acusados 11 años de prisión por un delito de lesione graves así como una responsabilidad civil tanto al menor como al SAS por los cuidados médicos que tiene que recibir de por vida en total cifrados en más de 4 millones de euros.

La calificación de acusación del fiscal recoge como desde los primeros cuatro meses de vida los acusados vivían junto al bebé como en una relación matrimonial y aunque la pareja de la madre no era su padre biológico se comportaba como progenitor custodio del menor. Desde una fecha que exactamente no consta, según este escrito de calificación, pero en cualquier caso desde los cuatro meses de vida, el bebé fue objeto de «maltrato reiterado por parte de los acusados con absoluto desprecio a su integridad física».

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El recién nacido que sólo estuvo a cargo de sus padres -sin que otra persona se hiciera cargo de su cuidado- sufrió menoscabos físicos todos de origen traumático, que continuamente lo sometían a golpes, zarandeos, movimientos bruscos... siendo agarrado en ocasiones con tal fuerza que le provocaron fracturas costales.

Esos golpes motivaron que el 1 de febrero de 2016, cuando el bebé contaba apenas con cuatro meses tuvo que ser ingresado en la UCI Pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía con traumatismo craneoencefálico grave, hemorragias intracraneales... y numerosas fracturas. Estas lesiones permitieron el diagnóstico clínico, según el Ministerio Público, del denominado «síndrome del niño zarandeado» y síndrome de maltrato infantil continuado que provocaron alteraciones estructurales del encéfalo.

Como consecuencia de estos daños irreversibles el pequeño que ha quedado postrado en una silla de ruedas precisó y continúa necesitando numerosos ingresos y hospitalizaciones, además de ir postrado en una silla de control postural de por vida, y tratamientos de fisioterapia, rehabilitación, estimulación entre otros muchos cuidados y visitas médicas por las graves secuelas que le han quedado entre otras esa parálisis cerebral infantil con tetraparesia, la ceguera y parte de sordera que le afectan a todos los niveles: motor, cognitivo, lenguaje o social.

Los forenses señalan que se evidencia una importante incapacidad para realizar cualquier actividad profesional en el futuro. La Fiscalía solicita para los padres del bebé además de una pena de 11 años de cárcel para cada uno, la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela guarda o acogimiento, así como la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio respecto al menor por 21 años (10 a partir de la pena privativa de libertad).

En cuanto a la responsabilidad civil el fiscal estima que como responsables civiles subsidiarios los acusados deberán indemnizar al menor a través de su representante legal en 104.475 euros por las lesiones sufridas, 2.160 euros por las intervenciones quirúrgicas, en 939.543 euros por las secuelas, en 180.000 euros por el daño moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas; 40.000 euros por el daño moral complementario por perjuicio psico-físico, otros 65.000 por material ortopédico.

A esto habría que sumar 90.000 para ayudas técnicas para su autonomía personal, como la silla de ruedas, así como 1,4 millones de euros por la necesidad de ayuda de terceras personas, así como 185.261 euros por la incapacidad para realizar su trabajo tras la estabilización. Del mismo modo, el fiscal estima que a favor del SAS deben abonar 680.000 euros por los gastos previsibles de asistencia sanitaria a futuro.