El juez sobresee de la causa del saqueo del Córdoba CF a Luis Oliver y Joaquín Zulategui

En concreto, el auto aclaratorio de Luis Rabasa, de dos páginas de extensión, corrige «el error material» de los razonamientos jurídicos del primer auto que aparentemente sólo imputaba a León. En este caso, la decisión explica expresamente que «se acuerda el sobreseimiento de la causa respecto a Joaquín Zulategui Eraso y Luis Oliver Albesa», quienes fueran consejero y director general del Córdoba CF, respectivamente, en la época investigada.

Zulategui, nada más conocer el contenido de la resolución, ha confirmado su intención de volver a solicitar «ser acusación particular» en la causa. Hay que recordar que el navarro inició la caso con su denuncia a la Guardia Civil en diciembre de 2018. Posteriormente, el Instrucción le retiró esa opción al pasar a ser investigado. Tras el sobreseimiento, Zulategui intentará volver a la causa. De hecho, mantiene la fianza depositada aún en el juzgado.

El juez de la instrucción también aclara que hay dos investigados más que han dejado de ser imputados y no irán a juicio. En este caso, son personas relacionadas con León. También sobresee la causa a «J. G. N y L. M. R. B.«, según establece el nuevo auto.

Como ya avanzó ABC el viernes y ha hecho este martes con los delitos que se le imputan a cada uno, el juez también confirma que, junto a León, se sentarán en el banquillo «I. L. L., J. M. L. L, Isabel Madueño y F. P. L. V.», como «autores» por los delitos de administración desleal, apropiación indebida en concurso con falsedad documental y blanqueo de capitales.

Según los cálculos de las partidas que salieron del Córdoba CF de forma indebida supuestamente, Jesús León, con la colaboración con sus familiares y el director financiero, habría saqueado posiblemente 2,5 millones de euros de la entidad blanquiverde.

Otra jueza también ha imputado ya León, su esposa y Carlos González por los posibles delitos en el arreglo integral del chalet del canario por 1,2 millones de euros. En este caso, le piden penas de prisión de seis años y ocho meses, un año y ocho meses y cinco años, respectivamente.