Altercados entre vecinos y okupas en una promoción de la Junta en la barriada lucentina de El Zarpazo

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J. M. García

Los vecinos aseguran que el problema de la inseguridad ha ido a más en los últimos meses

Ese día la empresa municipal Suvilusa tuvo conocimiento de que uno de los pisos que permanecían ocupados irregularmente en el edificio de la calle Gavilán había sido desalojado. Para evitar una nueva ocupación, de forma inmediata se puso en marcha el procedimiento para su entrega a una familia inscrita en el «Registro municipal de demandantes de vivienda social». Así, se formalizó la redacción de un informe de la policía local confirmando la disponibilidad del inmueble, el cambio de cerradura del mismo y la firma del contrato con el nuevo titular.

Cuando el nuevo inquilino se personó en la vivienda, comenzó a recibir presiones por parte de un grupo de okupas para que no tomase posesión de esta, bajo el argumento de que ese piso era para unos familiares. Las presiones se transformaron en amenazas y en la agresión al nuevo inquilino, que precisó asistencia sanitaria y sufrió un segundo ataque a la salida del centro de salud donde fue atendido.

Ante esta situación se generó una situación de tensión entre los vecinos del edificio y los okupas, que hizo necesaria la presencia de varias dotaciones de la policía nacional y local para calmar los ánimos e investigar los hechos.

El miércoles la persona agredida comunicó a Suvilusa su decisión de renunciar a la vivienda y el ayuntamiento procedió a tapiarla para evitar una nueva entrada ilegal.

Jesús López, portavoz de Ciudadanos, formación que presidió la Mesa de Trabajo sobre Ocupación en el pasado mandato corporativo, afirma que «la situación en esta promoción de AVRA es insoportable» y se hace necesario «adoptar medidas drástica» para evitar un problema mayor. «Ya no solo hablamos de okupación, sino de inseguridad entre los vecinos de bien, que también han sido amenazados por los okupas», afirma López.

Ciudadanos pedirá al equipo de gobierno «que se contemple la posibilidad de contratar una empresa de seguridad para vigilar las viviendas y se convoque con urgencia la Junta Local de Seguridad, para defender a unos vecinos desesperados y asustados». López se ha mostrado dispuesto a «estudiar si la empresa pública AVRA pudiera estar incurriendo en un delito de dejación de funciones».

El Ayuntamiento de Lucena lleva varios años intentando normalizar la situación en esta promoción, que llegó a tener okupados buena parte de sus 38 pisos, divididos en dos bloques. De hecho, en el edificio de la calle Gavilán casi se consiguió liberar la totalidad de las 19 viviendas existentes, y proceder a su adjudicación, constituyéndose la correspondiente comunidad de vecinos y nombrándose un administrador.

Pese a todo, desde el ayuntamiento se confirma que la situación ha vuelto a empeorar y actualmente vuelve a haber tres pisos okupados y varios vecinos en situación de morosidad prolongada. Peor están las cosas en el edificio de la calle Alondra, donde el número de pisos ocupados de forma irregular es el doble, pese al 'lanzamiento' de, al menos, seis familias de okupas en los últimos meses. La preocupación del Consistorio es «evitar que lo que hasta ahora ha venido siendo una cuestión principalmente social, se traduzca en un problema de convivencia y seguridad ciudadana».