Las agresiones físicas a sanitarios se disparan en la primera mitad del año en Córdoba

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Pilar García-Baquero

El pasado año 2022 se registraron 133 agresiones en los centros sanitarios de la provincia del SAS de los que 126 fueron verbales y siete físicos

Un informe del SAS sobre este mal que sufren sus empleados que se dedican de un modo directo a labores asistenciales señala que en el semestre inicial del ejercicio en curso se han dado 92 agresiones físicas y verbales, casi el doble de las que se contaron en los seis primeros meses de 2022, que fueron 54. El documento que computa estos actos violentos indica que el mes que contabilizó mayor número de agresiones fue marzo, con un total de 28, cuatro de ellas físicas, mientras que en junio se registraron 24, con cinco de ellos físicas.

Este alza de los conflictos a la que se ven expuestos médicos, enfermeros y auxiliares, y que aqueja de un modo más crudo a quienes se ocupan de la Atención Primaria, se produce a pesar del esfuerzo continuado de las autoridades sanitarias por combatirlos.

En la actualidad, los centros sanitarios cordobeses cuentan con cerca de 5.000 elementos de seguridad de distinto tipo y entre los que destacan 763 cámaras de seguridad, 489 timbres en consulta, 995 teléfonos en consultas, 371 salidas alternativas y 1.562 terminales en puestos de trabajo en consultas con el 'software' de antipánico instalado. Si alarmante es el balance del primer semestre de 2023 tampoco es que llame a la tranquilidad el del cierre de 2022.

En el último ejercicio acabado se produjeron 133 agresiones al personal sanitario, de las cuales cinco fueron físicas y 128 verbales. Además, el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones de la Consejería de Salud y Consumo cuenta con un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.

El Plan habilita también canales para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario.

La preocupación es creciente entre los profesionales. En este sentido se expresa la secretaria general del Sindicato Médico (SMA) en Córdoba, Inmaculada Romero: «Como sindicato sí recibimos quejas diariamente de compañeros, que en la mayoría de los casos no llegan a ser denunciadas, ya sea por miedo, desesperanza o falta de fe en los resultados de la denuncia», señala la representante laboral.

Para tratar de aminorar la conflictividad en las dependencias sanitarias del SAS y proteger a los profesionales, el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones de la Administración autonómica ha reforzado las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.

«Igualmente, el Plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales que también se reforzarán», insiste la Consejería de Salud y Consumo, que agrega que el protocolo «también contempla la asesoría jurídica de los profesionales que deciden denunciar».

El Plan integra las aportaciones de un grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y Consumo y en el que han participado los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración Sanitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La última medida que se ha adoptado en materia de prevención y atención a agresiones ha sido el reconocimiento del personal sanitario y de gestión y servicios como autoridad pública. Este reconocimiento se recoge en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, que establece que «los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas, en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente».

Buena parte de los profesionales entiende que las medidas a su favor son insuficientes. En esta línea, la secretaria general del Sindicato Médico en Córdoba subraya que «el prototipo de sanitario agredido continúa siendo el de una mujer que trabaja en la Atención Primaria».

«Como Sindicato vemos positivamente lo avanzado con el Plan de Agresiones, pero instamos a la Administración a mejorarlo, y entendemos que hay que concienciar a la opinión pública de que la violencia no es el camino, y entendemos la crispación ante el funcionamiento de nuestra sanidad que por circunstancias ajenas a los médicos muchas veces no es el deseado, pero hay que canalizar está frustración mediante las quejas y reclamaciones a las instituciones responsables», se extiende Romero.

«Recordemos que el médico es un trabajador por cuenta ajena que no dispone de recursos ilimitados», apostilla la representante sindical. Inmaculada Romero pone además el énfasis en una cuestión que lleva lustros siendo el caballo de batalla de los sanitarios ante los ataques de los pacientes, sean verbales o físicos: «Como en todos los casos de abusos, si la persona que los provoca no padece patología psiquiátrica que lo exima, las consecuencias de estos actos deben ser penales».