La acusación del soldado sevillano fallecido en Cerro Muriano recurrirá la inhibición del juzgado de Córdoba al Tribunal Militar

Sorprendido por la novedad, Luis Romero ha asegurado que recurrirá dicha resolución y ha dado a conocer que en cuanto declare en sede judicial el capitán pedirá prisión provisional para él como medida cautelar. Si definitivamente la causa queda en la Jurisdicción Militar, según ha precisado el letrado, tendría que ser elevada al Tribunal Militar Central en el caso de que fuese aceptada la petición de que sean investigados los mandos de rango superior.

Ha reiterado la «oposición» de la acusación particular que ejerce a dicha medida, apostando por que el asunto sea investigado por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba.

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Y es que según ha precisado, la representación que ostenta aprecia un supuesto delito de homicidio por dolo eventual, «no homicidio imprudente», una tipificación que no contemplaría la Justicia Militar, que en su tipo asociable recogería además penas inferiores a las previstas por el Código Penal para los homicidios por dolo eventual, según ha dicho.

Ha abundado que en el Código Penal Militar no está tipificado el homicidio doloso, por lo que las pena son mucho más bajas, de entre uno a cuatro años frente a los entre 10 y 15 años del Código Penal.

Además, ha anunciado que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional, a cuenta de su «negligencia» y por haber «puesto en riesgo» las vidas de los efectivos que participaban en la maniobra.

Según ha dicho, de las comparecencias de testigos se deduce que los efectivos atravesaron el lago sin línea de vida, sino con sólo una «cuerda de guía y no de vida»; algunos de ellos, entre ellos el soldado fallecido, con una «pesa de castigo» de 3,5 kilos añadida a su mochila de más de ocho kilos; sin dispositivo de prevención y asistencia sanitaria y con la «orden» fatídica del propio capitán de descolgar la mencionada cuerda, entre otros aspectos.

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Las acciones judiciales de la familia, como ha recordado, se dirigen contra este capitán, de apellido Zúñiga, y contra el resto de la «cadena de mando», aludiendo al teniente coronel, el coronel y el general de Brigada, así como contra el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.