La desproporción cordobesa

La Diputación de Córdoba realizó en el año 1951 un experimento peculiar. Pidió a alumnos de arquitectura cordobeses que dibujaran lo que para ellos es un rectángulo perfecto. La teoría dice que tendrían que haberlo dibujado con una proporción similar a 1,6. La realidad es que se acercaron más a la relación que otorga el 1,3. Como si la presencia en su paisaje humano de elementos tan impactantes como el mihrab, el bosque de columnas o la Sinagoga hubieran impregnado su canon estético de una proporción distinta a la de sus colegas romanos, parisinos o londinenses. Como si las cosas nos hablaran, de forma subliminal, con números.

Deberían imprimirse camisetas con la proporción cordobesa como se hacen del Big Bang, una teoría fantástica que además da pie para establecer una fábula moral. Aquí hay un ratio para hacer las cosas a partir del cual todo chirría. Una relación entre el octógono y su radio que, cuando se excede, hace que las cosas se encuentren fuera de lugar.

La política y el fútbol son actividades humanas que no deberían mezclarse. Ambas son disciplinas basadas en la testosterona, en el exceso. Y el asunto de la ciudad deportiva del Córdoba CF supone en estos momentos el epítome de la desproporción. Realizada, además, cordobesamente. Con vetos, chulerías, un dispositivo de policía (como el que pueden ver en esta imagen) para tres albañiles que no tendría El Vaquilla en sus buenos tiempos e informes innecesarios y disparatados que generan inseguridad jurídica en iniciativas colaterales. Si construir equipamientos en un sistema general es ilegal, como sostiene la abogada Mercedes Mayo, a cualquiera se le puede pasar por la cabeza instar la ilegalidad de la Biblioteca del Estado. Si la Gerencia no puede ceder bienes de este tipo, vayan preparando el desalojo de la Pérgola o de la sede de la Cruz Roja.

El Córdoba CF recibió unos terrenos por medio de su fundación por un Pleno y un gobierno municipal legítimos. Ni uno solo de los actores que participaron en la cesión advirtió de todas esas marranadas que ahora se denuncian con la misma consistencia que una mayonesa cortada. El actual gobierno municipal no necesita ilegitimar la totalidad para modificar esa decisión. Puede hacerlo —si es que esa es su voluntad política— con los cauces que establece la legislación. Es decir, pagando los costes en los que se hubiese incurrido hasta el momento y sujetándose a lo que decidan los tribunales de justicia en el caso concreto de un desacuerdo. Habituados a la mecánica de envolverse en la bandera del dueño del Córdoba CF, resulta que el actual cogobierno ha tirado de formas parecidas de proceder estirando el chicle municipal para dar soporte a una decisión política de aquí mis santos riles. Pisando esa fina línea que separa la vehemencia del abuso de poder.

No existe una obligación de cederle terrenos a una entidad privada. Ni en Hipercor ni en Rabanales 21 (el I+D que puede aportar el Córdoba CF es bárbaro), ni en ningún otro lugar. Si se hace, que se haga y se explique con las cautelas básicas para que no se convierta en un pelotazo. Pero todo este numerito de patrullas de policía contra albañiles, de expedientes administrativos creados para dar cobertura a la última ventolera, sobrepasa con creces la proporción del 1,30656.