Mezquita-Catedral, realidades más allá del argumentario

Primer argumento. La Iglesia se ha apropiado de la Mezquita-Catedral por 30 euros. Se ha planteado en numerosas ocasiones pero lo cierto es que nunca se ha comprado nada. Lo que hizo el Cabildo en 2006 es inscribir el monumento, usando la ley en vigor, a nombre de la institución en el Registro de la Propiedad, un archivo al que cualquier ciudadano puede acceder. El detalle de los 30 euros debe ser un error de la presidenta Susana Díaz. La legislación autonómica que impulsó el presidente Chaves garantiza la gratuidad total de las inscripciones de inscripciones de bienes catalogados como la Mezquita-Catedral.

Expertos en derecho de propiedad advierten siempre de un matiz. El registro de algo no da la propiedad, que es independiente de la inscripción. El uso de un edificio, continuado y pacífico, se convierte en propiedad pasados 30 años, y eso es con registro o sin él. Las inmatriculaciones se pueden combatir en los tribunales. Nadie lo ha intentado hasta ahora. Por una razón. La Iglesia puede enterrar a los litigantes en documentos que prueban una posesión continuada desde 1236.

Lo que no se dice, además, es que la legislación tiene referencias suficientes a vías u obligaciones de registrar los bienes inmobiliarios de la Iglesia. Por ejemplo, en Andalucía, la inscripción registral de la Mezquita-Catedral es hoy obligatoria. La ley autonómica de patrimonio histórico lo estableció así para todos los Bienes de Interés Cultural (BIC).

Otro argumento socorrido es que la Junta ha puesto dinero en las actuaciones de rehabilitación de la Mezquita de Córdoba. En torno a tres millones y medio, según datos no desmentidos por el Gobierno andaluz. Pero, en total, la Junta ha gastado 48 millones en restaurar bienes artísticos andaluces religiosos.Solo reclama la titularidad de uno.

La reforma legal de Aznar de 1998, tan criticada, permitió inscribir lugares de culto católico (con o sin título escrito). Se suele olvidar en estos casos que el Gobierno cambió la norma por su más que presunta inconstitucionalidad. Antes de esa reforma legal, se podía registrar una mezquita o una sinagoga (lugares de culto no católico) pero no una parroquia o una ermita.

Frase repetida: La Junta ha tenido siempre la misma posición. Es el argumento más radicalmente falso. La titularidad de la Mezquita-Catedral solo está a debate desde hace muy pocos años y de hecho no se está produciendo en catedrales como la de Sevilla, tan inmatriculadas como la Mezquita de Córdoba. Además, el Gobierno andaluz ha firmado convenios con el Cabildo reconociéndolo como propietario y en el que le reconocía plena capacidad de obrar.

La creación de un patronato es de estas peticiones «históricas» de hace cinco minutos. La Junta, que lo reclama, nunca ha atendido una medida similar para Medina Azahara. La Alhambra es el referente en la materia pero allí el Gobierno andaluz veta sistemáticamente las iniciativas ajenas.

Otra frase repetida. Las entradas son un recurso que se queda la Iglesia. Lo que no se dice es que lo hace porque la Junta se lo permitió expresamente. Un convenio de 1991 estableció cómo se cobran las entradas, a qué horas y con qué sistema de gratuidad. Y el supuesto sistema opaco hay que tomarlo con cautela. La Diócesis de Córdoba hace público anualmente la liquidación de su presupuesto, cosa que no es posible decir de entidades como los partidos políticos de la provincia de Córdoba. También ha acreditado las inversiones propias en el templo, que hasta el momento nunca han sido rebatidas.

La denuncia de opacidad esconde una realidad. No existe ninguna ley que obligue a las entidades religiosas a hacer públicas sus cuentas como no existe una que obligue a una gran cantidad de personas jurídicas civiles a difundir sus datos.

La Iglesia no paga impuestos ni tributa por las entradas. Es uno de los argumentos más repetidos en la polémica de la Mezquita-Catedral aunque existe una tremenda confusión inducida, en muchos casos, por personas que conocen perfectamente las leyes.

El IBI y el IVA son piedras de toque de esta polémica. Ningún monumento español -público o privado, civil o religioso- tributa contribución, por ley.

Lo del IVA es particular. En primer lugar, ningún monumento o centro cultural español gestionado por una entidad sin ánimo de lucro -una ley de 2002 equiparó a todas las entidades de la Iglesia con las organización sin ánimo de lucro- lo paga. Y una cuestión fundamental es el propio funcionamiento del IVA. Los negocios que lo cobran son, en realidad, recaudadores del Estado. Todo lo que ingresan por él lo entregan a Hacienda. En realidad, quien no paga IVA son las personas que compran una entrada, no la Iglesia.

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