La Junta lleva tres años sin construir una sola vivienda pública

En el año 2012, el primero de la Legislatura, el Gobierno andaluz no inició la construcción de VPO alguna; en 2013, tampoco calificaron como viviendas de protección oficial ninguna de las promociones privadas de nueva construcción, lo mismo que ha sucedido en este año 2014, cuando tampoco se han iniciado trámites para construir viviendas públicas.

La Consejería de Fomento y Vivienda prefiere lo que denomina «rehabilitación energética» del parque existente, un capítulo al que dedica la mayor parte de sus fondos. La propia consejera Elena Cortés no ha tenido empacho en decirlo abiertamente: no está dispuesta a iniciar viviendas de nueva construcción mientras haya pisos vacíos que son propiedad de los bancos. Lo que ocurre es que estas viviendas son de propiedad privada y la Junta no tiene potestad para gestionarlas ni entregarlas a las personas más desfavorecidas. Con la aprobación de la Ley de la Función Social de la Vivienda, el Gobierno andaluz pretendió dar un golpe de efecto y expropiar a las entidades bancarias viviendas vacías procedentes de desahucios para entregarlas a personas sin casa.

Pero el Gobierno central ha recurrido la Ley ante el Tribunal Constitucional porque considera que vulnera los derechos de la propiedad, una estimación que comparte el Alto Tribunal que la tiene en suspenso.

La realidad es que Fomento destina la mayor parte de sus recursos económicos destinados a las viviendas a rehabilitar y mejorar el actual parque residencial existente, público y privado mediante subvenciones, así como a la rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico y urbano, entre el que se encuentran los edificios administrativos de los ayuntamientos, y los que son de uso común para los ciudadanos.

La Oficina de Control Presupuestario del Parlamento de Andalucía ha certificado que la Consejería de Fomento y Vivienda sólo ha gastado el 44% de los fondos consignados para los programas de Vivienda, Rehabilitación y Suelo para este año 2014, lo que se traduce en una inversión real de 83 millones de euros, cuando los consignados ascendían a 190 millones de euros.

En el programa destinado a transferencias a las corporaciones locales se ha ejecutado todavía menos, un 34% del presupuesto previsto para este año 2014. De los 15,5 millones de euros que se habían consignado, se han transferido a los municipios sólo 5,3 millones de euros para sus propios programas de vivienda pública. Resulta curioso destacar que esta partida se ha ido incrementando a lo largo del año, precisamente porque desde la consejería se calificaba como estratégica, pasando de los 7,8 millones de euros iniciales hasta 15,5 millones de euros. A pesar de este incremento, el dinero no se ha gastado y no ha llegado hasta los municipios.

El Presupuesto para 2015 consolida estas políticas ejecutadas por Izquierda Unida en el Gobierno andaluz. Aunque el documento oficial afirma que el objetivo primordial es «hacer real y efectivo el derecho humano, garantizado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, a una vivienda», aclara que las medidas para ello serán el fomento del alquiler y la «puesta en valor» de las viviendas desocupadas, así como «convertir en digna y adecuada aquella en la que se habita y el edificio en el que se encuentra».

Dentro de las prioridades del Gobierno andaluz, está también la regeneración urbana de las barriadas y los espacios públicos, apoyando también actuaciones similares en países de Latinoamérica y el Arco Mediterráneo a través de programas de Cooperación Internacional.

En lo que se refiere al montante global para este programa, la Junta ha previsto 194,1 millones de euros para el próximo ejercicio, lo que supone 54 millones de euros más que en el ejercicio precedente, pero sólo el 46% de la cantidad que se consignaba en el año 2008. Uno de sus objetivos estratégicos para el próximo ejercicio es movilizar el parque de viviendas desocupadas mediante actuaciones de fomento del alquiler que pasan por conceder ayudas a quienes arrienden una casa.

Uno de los colectivos más beneficiados con estas ayudas serán, según dice la Consejería de Fomento en el Presupuesto aprobado, para las personas en especial situación de vulnerabilidad, las que están en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio o ejecución y para determinados umbrales de ingresos, aunque no se especifica dónde se sitúan los mismos.