La Policía investiga a un grupo de nueve sacerdotes por los abusos de Granada

Mientras, la Policía continúa tomando declaración a un colectivo de sacerdotes y laicos implantados en varias parroquias de la diócesis granadina y que responderían al sobrenombre derivado del apellido del supuesto iniciador de este grupo de presbíteros, «los Romanones». Pese a no tener un reconocimiento canónico como comunidad, estas personas —tres son los sacerdotes suspendidos por el arzobispo— habría organizado durante años diversas actividades en las numerosas propiedades privadas que poseen, especialmente en las del considerado como líder del colectivo. Pertenecientes a varias parroquias, fue en una de ellas donde el afectado por los supuestos abusos conoció a uno de sus presuntos abusadores que, según fuentes del caso, ha declarado ya en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada que dirige las pesquisas.

En relación a estas actuaciones judiciales, que siguen bajo secreto de sumario, el arzobispo de Granada declaró ayer a los periodistas que «si esto es verdad» (refiriéndose a los presuntos abusos), «eso lo tienen que decidir las autoridades judiciales tanto canónicas como civiles». «Yo lo vivo con un dolor tremendo porque es la herida más grande que puede suceder», se sinceró monseñor Martínez en alusión a que «alguien que ha decidido la misión de cuidar de las personas» -como son los sacerdotes- «pueda abusar de la confianza».

El prelado también abundó en los pasos dados en los últimos meses desde el arzobispado una vez le llegó a mediados del pasado agosto una carta del joven que aseguró sufrir los abusos en su adolescencia. Para entonces la víctima ya había recibido la llamada del Papa Francisco para pedirle perdón por los hechos que se denunciarían posteriormente ante la Fiscalía Superior de Andalucía.

Fue tras reunirse con el joven cuando el prelado granadino recibió de la Santa Sede las instrucciones para afrontar este caso e, incluso, el arzobispo aseguró que llegó a tener los billetes de avión para viajar al Vaticano para «intervenir antes» en relación al caso. No obstante, en ningún momento el Papa Francisco contactó con él personalmente, dijo el prelado.

Monseñor Martínez también explicó ayer que, después de «verificar la verosimilitud de la denuncia» se dio paso a un «juicio formal» con «todas las garantías y exigencias de defensa» con el fin de «poder establecer la verdad de los hechos». Sin embargo, este proceso no ha tenido lugar en el ámbito canónico porque a mediados de octubre la presunta víctima de los abusos le pidió que detuviese toda actuación para dejar paso a las autoridades judiciales civiles, desveló el prelado. Una petición que fue confirmada por el Juzgado granadino que instó al prelado en una providencia a no interferir en dichas actuaciones judiciales.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Granada señaló ayer en un comunicado que la continuidad de las líneas de la investigación «se ha podido ver gravemente comprometida por las publicaciones» realizadas del caso en las últimas horas, aunque «se cumplirá con la obligación de impulsar la causa al objeto de esclarecer los hechos denunciados».