Ojeda logró más de 33 millones de la Junta para sus empresas en solo año y medio
La juez Alaya imputa al exconsejero por malversación y prevaricación
El futuro procesal del exconsejero socialista Ángel Ojeda se complica, tras la decisión de la juez de instrucción del juzgado número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, de imputarlo por malversación y prevaricación dentro de la causa del fraude de las ayudas de la Junta para ... los cursos de formación. Con esta imputación, la magistrada, que ya instruyó el escándalo de los ERE, da un paso más para asumir esta nueva macrocausa, cuyo volumen de fraude puede ser superior a aquel.
En el caso concreto de Ojeda, ya imputado por un juzgado gaditano tras su detención el pasado 4 de agosto, Alaya le imputa por dos presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, según el auto al que tuvo acceso ABC y fechado el pasado 11 de septiembre.
La juez se basa en las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil que evidencian, según señala, «graves irregularidades en las concesiones de subvenciones a cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo de la Junta». Entre los datos que aporta el reciente auto de la juez Mercedes Alaya, fechado el pasado 11 de septiembre, destaca, sobre todo, que la Dirección General de la Inspección de Trabajo señala que el exconsejero Ángel Ojeda logró para sus empresas, integradas en el Grupo Prescal, más de 33,2 millones de euros en subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de asociaciones controladas por él.
Esas ayudas las consiguió, señala el auto, «gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía de sus antiguos cargos y contactos». Las subvenciones excepcionales que logró Prescal, añade la magistrada, se hicieron a través de asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura.
A pesar de que las subvenciones eran para realizar acciones formativas y para la contratación de trabajadores, «la relación laboral fue simulada», según la Inspección de Trabajo, que añade que esas asociaciones presentaron justificaciones por haber destinado 17,9 millones de euros para pagar salarios y seguros sociales.
El resto, indica el auto, se utilizó para actividades de formación, subcontratando con otras empresas de Ojeda, pese a que «dicha subcontratación no estaba autorizada en la resolución de concesión, ni podía realizarse al tratarse de entidades docentes».
El objetivo de esa subcontratación, sería «canalizar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente entre diferentes empresas del grupo a fin de ocultar el verdadero destino de los fondos».
Alaya no señala en su auto una fecha para tomar declaración a Ojeda, por cuanto este está imputado por el juzgado de instrucción número dos de Cádiz, que debe inhibirse antes a su favor, como le ha pedido ya la Fiscalía. Una vez se inhiba y la juez reciba toda la documentación esta podrá fijar una fecha para su declaración.
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