La plataforma laica promueve llevar la inmatriculación al TC
La Junta ve «incomprensibles» las razones del Gobierno sobre la Mezquita-Catedral
«Hasta los creyentes ven razonable una gestión pública», dice la consejera de Hacienda
V. Requena / M. P. A.
La Junta de Andalucía hizo ayer oídos sordos a los argumentos jurídicos, económicos e históricos esgrimidos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en su comparecencia del pasado martes en el Senado para rechazar de plano laexpropiación de la propiedad de la Mezquita-Catedral ... que alienta la Junta de Andalucía a raíz de la petición de una plataforma laica.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de «incomprensibles» y «técnicas» estas razones ayer tarde en Puente Genil a preguntas de ABC e indicó que «para toda la gente creyente o no, es razonable que la Mezquita sea gestionada por un servicio público y se use como un estímulo económico de la ciudad de Córdoba», aclaró.
La titular de la cartera que es responsable del patrimonio autonómico criticó que Gallardón «lo que ha hecho es justificar que la Iglesia tenga la titularidad de la Mezquita, cuando lo importante es ver que se trata de un servicio que se está prestando a todos los ciudadanos, y eso debe tener un reconocimiento laico», agregó la dirigente socialista.
Montero, que ya debatió con el PP en el Parlamento andaluz esta cuestión, recordó que en esa sesión, interpelada por el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, como diputado autonómico, «ya me transmitió que estaba dispuesto a ir de la mano al Gobierno para reclamar esa titularidad pública». Esta propuesta fue desmentida ayer por fuentes municipales.
Lo curioso de las palabras de la consejera de Hacienda es que van en otro sentido al expresado el lunes en Córdoba por la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz. «La titularidad pública es compatible con la gestión de la Iglesia», dijo. Montero reclama esa gestión también.
Nulidad en la inscripción
La Plataforma «Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos» valoró también la intervención del ministro, al que, al igual que Montero, reprochó que «defienda los intereses de una entidad privada en lugar del Estado» y volvió a pedir la nulidad de la inmatriculación, basada, según este colectivo, en preceptos anticonstitucionales.
En este sentido, indicaron que «solicitaremos a la administración competente un recurso de inconstitucionalidad» para que se puedan anular los artículos que permitieron esa inscripción, si bien el propio Gallardón ya dijo en el Senado que la propiedad del bien es independiente a este trámite. El gobierno modificará la norma pero «blinda» el registro de la Mezquita.
La Junta ve «incomprensibles» las razones del Gobierno sobre la Mezquita-Catedral
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