El Constitucional estudia esta semana el recurso de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas
En marzo decidió rechazó suspender el texto de forma cautelar
Las grandes fortunas pagarán menos con el nuevo impuesto a los ricos por un error de Hacienda
S.E.
SEVILLA
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene esta semana entre sus asuntos para primera deliberación el recurso del Gobierno de Andalucía contra uno de los artículos de la ley sobre el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas --que grava el patrimonio ... neto de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros--, después de que el pasado marzo rechazara suspender el texto de forma cautelar. El magistrado Juan Carlos Campo es el encargado de redactar la ponencia de la sentencia.
El Ejecutivo andaluz recurrió el artículo 3 de la ley 38/2022 al considerar que podría suponer una vulneración de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y del bloque de la constitucionalidad en materia de tributos cedidos, así como la infracción del derecho de representación política, del principio de lealtad constitucional e institucional y del principio de seguridad jurídica.
En concreto, la Junta de Andalucía acudió al TC porque apreciaba «una vulneración de la autonomía financiera» de la comunidad autónoma porque el gravamen a las grandes fortunas se concibe como un tributo «complementario» al Impuesto sobre el Patrimonio (para contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros), que está bonificado al 100% en esta región.
El Tribunal Constitucional admite el recurso de la Junta de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas
Antonio R. VegaDescarta suspender cautelarmente el tributo impugnado, como había solicitado la Administración autonómica
Según ha informado el órgano de garantías, se adherido esta cuestión al orden del día del Pleno del martes como asunto para primera deliberación. Asimismo, también está previsto que los magistrados decidan si admiten a trámite o no los recursos presentados por los gobiernos autonómicos de Galicia y Madrid contra esta misma ley.
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