Conde-Pumpido pasa de abstenerse como juez del Supremo en el caso ERE a intentar ganar el relato en favor de los condenados

El que fuera fiscal general del Estado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) acaba de dar otra vuelta de tuerca a esta estrategia para obligar al tribunal de Sevilla a revisar la sentencia del caso ERE a los ex altos cargos socialistas aplicando la doctrina del TC. Apelando a una medida pensada para abortar el desafío independentista en Cataluña trata de evitar que la Sección Primera de la Audiencia hispalense eleve una consulta —una cuestión prejudicial— al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

Los magistrados de Sevilla sostienen que el Constitucional español pudo extralimitarse a la hora de borrar delitos de prevaricación y malversación por el reparto de manera arbitraria de casi 680 millones de euros de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009.

Con apenas diez años de diferencia, Conde-Pumpido ha pasado de dar un paso atrás en el caso ERE a situarse en primerísima fila para intentar ganar el relato en este proceso. Con su revisión el TC asume la tesis exculpatoria de los acusados. Coincide también con el argumentario del PSOE, que, en contra del criterio de dos tribunales, defiende que no hubo fraude porque los ex altos cargos se limitaron a aplicar las leyes de presupuestos que reservaban una partida para pagar los ERE irregulares, con independencia de que las ayudas se repartieran sin ningún control ni la más mínima transparencia.

Conde-Pumpido ha pedido a la Audiencia de Sevilla que le remita la providencia en la que sostiene que el TC pudo vulnerar el Derecho europeo. Quiere que las diez sentencias en favor de condenados que dictaron él y el resto de magistrados progresistas que controlan el TC se cumplan sin rechistar ni dar parte al TJUE.

Su postura no es congruente con su trayectoria anterior. En septiembre de 2014, como avanzó ABC, siendo magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo renunció a participar en las deliberaciones y la instrucción del caso ERE con el ánimo de «garantizar la más absoluta imparcialidad del tribunal», según recogió en el escrito de abstención que presentó por propia iniciativa. Argumentaba que había desempeñado el cargo de fiscal general del Estado entre los años 2004 y 2011 cuando dictó un decreto que atribuía a la Fiscalía Anticorrupción el estudio de la causa de corrupción.

Tras la victoria del PP en 2011, Conde-Pumpido regresó a su puesto en el Supremo, desde donde pasó al Constitucional en el año 2017 a propuesta del Senado. En enero 2023 fue elegido presidente de dicho órgano tras imponerse a la otra candidata, María Luisa Balaguer, apoyada por los magistrados conservadores pese a estar adscrita al sector progresista.

En su escrito de inhibición, presentado en el Supremo en 2014, Conde-Pumpido apelaba al artículo 219.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y justificaba su abstención por «haber ocupado cargo público con ocasión del cual haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito de la causa». El TS aceptó su abstención por este motivo.

Desde el entorno de Conde-Pumpido justificaron el cambio alegando que cuando volvió al Supremo desde la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con el presidente de la Sala de lo Penal, se apartó voluntariamente de la instrucción a pesar de que se había limitado a asignar el caso ERE a Anticorrupción en un oficio de trámite. Dichas fuentes entienden que fue una decisión interna que no conlleva intervención ni influencia algunas en el proceso judicial propiamente dicho, aunque entonces le pareció procedente inhibirse. Ahora no lo cree así porque, según precisó a ABC, la posición es completamente distinta como presidente del TC puesto que se trata de resolver recursos de amparo contra sentencias firmes dictadas muchos años después de dejar la Fiscalía General.

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso ERE, denunció los «vínculos» de cinco magistrados del TC con el PSOE en un escrito dirigido a la Audiencia de Sevilla en el que cuestionaba su imparcialidad. Aparte de Conde-Pumpido, mencionaba al exministro de Justicia y ex alto cargo en el Gobierno de Manuel Chaves, Juan Carlos Campo; la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez Bueso; la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, condecorada por el Ejecutivo de Griñán, y la magistrada María Luisa Balaguer.

El PP recusó a estas dos últimas y a Conde-Pumpido pero su incidente fue rechazado de manera unánime por el Constitucional al considerar que lo había presentado de manera extemporánea.