Andalucía es ya la segunda región de España con más peticiones de asilo

Así, en Andalucía se registraron el año pasado 11.722 solicitudes de protección internacional y 21.807 de protección temporal, estas últimas ligadas a personas que huían de la guerra de Ucrania. Además de Ucrania, estas peticiones de asilo en la región procedieron principalmente de Colombia, Marruecos, Venezuela y Mali, aunque también piden asilo en Andalucía personas de Senegal, Eritrea, Cosa de Marfil, Argelia, Cuba, Burkina Faso, Panamá, Túnez... La lista es interminable.

Son los datos facilitados por Accem, organización no gubernamental que aglutina más de tres décadas de experiencia en la acogida de refugiados y solicitantes de protección en España, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, que se conmemora este martes.

Esta asociación prestó atención y apoyo profesional e individualizado en Andalucía durante el año pasado a 3.019 personas en materia de asilo por protección internacional o temporal, beneficiarias del estatuto de persona refugiada o de protección subsidiaria, personas apátridas o que han obtenido la autorización de residencia por razones humanitarias.

Accem cree que la importante subida de peticiones de asilo en Andalucía se debe, además de a la situación de Ucrania, a que 2022 fue el primer año sin restricciones de movilidad por el Covid-19, lo que hizo que muchas más personas pudieran llegar a nuestro país y por ende, también a Andalucía, para solicitar protección internacional.

Por provincias y según los datos facilitados a ABC por Accem obtenidos del Ministerio del Interior, Málaga encabezó el año pasado el número de peticiones, con un total de 16.822, de las que la mayoría, 13.404, estuvieron motivadas por el conflicto bélico de Ucrania. En segundo lugar se situó la provincia de Sevilla, con más de 4.000 peticiones de asilo, la mitad por la invasión de Ucrania. Les siguieron Almería, con 3.400 peticiones en total; Granada, con poco más de 3.000; Cádiz, con 2.157; Córdoba con 2.075; Huelva, con poco más de 1.500; y por último, Jaén, con unas 600.

Desde la Cruz Roja se coincide en este análisis. Y es que sólo en España, según destaca Cruz Roja, las peticiones de asilo subieron el año pasado un 82% respecto a 2021 tras terminar las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia «y pese a los obstáculos que están teniendo las personas para acceder al procedimiento de asilo».

España batió así cifras récord que sitúan al país en el tercero de la Unión Europea (UE) tras Alemania y Francia al registrar el año pasado 118.842 solicitudes de protección internacional, a las que hay que sumar las 161.037 personas desplazadas por la guerra en Ucrania que se acogieron a la figura de protección temporal.

Similar lectura realiza la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que en su último informe, relativo a 2022, destaca que el número de peticiones del año pasado ha sido el mayor registrado «en términos históricos desde que existen registros oficiales. Se trata de cifras prepandémicas, lo que lleva a pensar que esta tendencia al alza podría mantenerse en los próximos años».

Pero detrás los fríos datos estadísticos se esconden realidades sobrecogedoras que llevan a la inmensa mayoría de estas personas a huir de sus países y pedir asilo. Guerras, trata, violencia de género, identidad de género, origen racial, religión, orientación sexual o el terrorismo islámico son algunas de las pesadillas que ponen en riesgo la vida de estos seres humanos.

Rocío Fernández Espárraga conoce muy bien la realidad del refugiado en Andalucía. Es técnico de Incidencia Social de fase de acogida de la asociación Accem. «Atendemos a muchas personas que piden asilo en nuestro país por trata, identidad de género y porque son perseguidas por el yihadismo... De hecho, tenemos muchos chicos, muy jóvenes, que vienen huyendo del terrorismo yihadista en sus países de origen».

En cuanto a las tramitaciones, reconoció que hay países como Mali o Perú para los que en España no se suele denegar ninguna petición de asilo. En el caso de Marruecos, al haber un convenio de extradición entre ambos países, se suelen denegar las solicitudes, aunque hay excepciones, como pueden ser algunos casos de personas con enfermedades graves o de violencia de género. Al inmigrante que viene por motivos económicos se les deniega.

Accem presta una atención integral a estos refugiados desde una primera fase de valoración hasta la acogida. «El objetivo es que se integren en la sociedad y que no se les estigmatice más. Si no conocen el idioma se les dan clases de español. Lo que hacemos es un plan de intervención con cada usuario para que accedan al sistema sanitario, escolarización si hay menores en las familias, los empadronamos... Luego hacen un curso de formación y se les diseña un itinerario para que se puedan integrar en el mercado laboral y en la sociedad».