Andalucía pide al Estado que la financiación por acoger menores inmigrantes de Ceuta sea estable y no sólo un año

No obstante, la Junta ha dejado constancia de su desacuerdo con el actual sistema y ha pedido que este presupuesto asignado a las comunidades no se limite a un año, sino que tenga estabilidad para que estén garantizados los recursos para atender a estos niños, niñas y adolescentes, incluso en los primeros momentos de su mayoría de edad. Andalucía además rechaza un modelo que garantiza más recursos y una mayor capacidad de respuesta a Canarias y Ceuta que a Andalucía, comunidad a la que no reconoce como territorio fronterizo.

Pero más allá de la posición expresada por la Consejería de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad, el encuentro celebrado entre el Ministerio y las comunidades ha sido especialmente significativo por las formas. El Ministerio convocó a las autonomías a una reunión por correo electrónico de que forma que se remitió un orden del día y cada comunidad podía enviar su posición por escrito.

La Junta de Andalucía expresó su disconformidad con este formato y lamentó que ni siquiera se hubiera producido una reunión preparatoria de la comisión sectorial. Directamente, un intercambio de correos electrónicos que además impedía a unas comunidades conocer el voto o las apreciaciones del resto. Del mismo modo, el Gobierno andaluz votó en contra del acta que aportó el Gobierno de España a las comunidades que debía reflejar el contenido de la última conferencia sectorial de julio donde la Consejería.

En la reunión no obstante no se abordó un tema fundamental en cuanto a las relaciones entre comunidades autónomas por la situación migratoria: la reforma de la Ley de Extranjería. El Gobierno de España mantiene sobre la mesa un proyecto para que el reparto de menores inmigrantes entre distintas comunidades cuando los centros de Ceuta, Melilla y Canarias estén sobreocupados (por encima del 150%) sea obligatorio y según criterios que fije el Estado. La iniciativa fue rechazada en el Congreso por PP, Junts y Vox con una posición que respalda la Junta de Andalucía que ha reclamado que esta reforma legislativa debe también prever la posibilidad de que haya saturación en los centros andaluces así como garantías presupuestarias.

La Junta, además, tiene encima de la mesa la reivindicación de que no se sigan trasladando menores con apariencia de mayoría de edad a Andalucía y que son identificados por la Fiscalía una vez ya dentro de la comunidad. Son ya más de 515 estas personas, sobre todo adolescentes, que ha asumido la Junta con sus recursos sin que tenga una financiación garantizada.