Andalucía necesita diez semanas más de lluvia para salir de la sequía

Claro que todas las cuencas no están en la misma situación pero es cierto que todas necesitan un aporte hídrico importante. La cuenca del Guadalquivir está al 24,23% mientras que la Mediterránea embalsa el 37,9% de su capacidad, la del Guadalete el 29,56% y la del Tinto-Odiel y el Piedras, el 83,84%, la que está en mejores condiciones.

Y en este momento de especial sequía se ha abierto un frente por el agua trasvasada desde la cuenca del Tajo-Segura. Andalucía va a hacer frente común con las comunidades de Valencia y Murcia contra el Plan Hidrológico del Tajo que ha aprobado el Gobierno central y que supone, a juicio del Gobierno andaluz, «la muerte del Levante español». El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha firmado una carta pidiendo audiencia al Consejo de Estado para alegar contra el plan del Tajo que supone un recorte de 105 hectómetros cúbicos de agua en 2027 con respecto a los 290 que reciben ahora de esta cuenca las tres comunidades afectadas por el trasvase de agua de este río a las zonas más secas de España. Un plan que ya se ha aprobado en el Consejo Nacional del Agua sin consenso, modificando lo inicialmente previsto sin previo aviso y que está pendiente de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.

El planteamiento de las tres comunidades, dos gobernadas por el PP y una por el PSOE —Valencia con Ximo Puig al frente— es exactamente el mismo. Los responsables autonómicos de las políticas de agua han acordado llevar a cabo la misma estrategia porque consideran que se quiebra el principio de «solidaridad» entre territorios que siempre ha dirigido las políticas de agua.

La clave del conflicto está en el caudal ecológico que el Estado ha decidido para el Tajo. Andalucía entiende que la sentencia del Tribunal Supremo que hay que cumplir para mantener el buen estado de las aguas del río se cumplen manteniendo un caudal de 6 metros por segundo, una cifra que basan en informes científicos. Desde Valencia están dispuestos a asumir hasta 7 metros por segundo pero el Ministerio de Transición Ecológica ha decidido que sea de 8 metros cúbicos por segundo y que irá aumentando hasta convertirse en 8,6 metros cúbicos por segundo.

La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo defendió en rueda de prensa que la revisión del trasvase Tajo-Segura es una sentencia judicial que obliga a preservar el caudal ecológico del Tajo, para el que se estimó que con una cantidad de 6 metros cúbicos por segundo se podría dar cumplimiento a esa exigencia.En la reunión del Consejo Nacional del Agua que se celebró en diciembre había consenso entre las comunidades autónomas afectadas en asumir la medida, pero no así en la cantidad finalmente decidida para preservar el caudal ecológico del Tajo, que es de 8,6 metros cúbicos por segundo, una cifra que «no han avalado ni Murcia ni Valencia ni Andalucía», por lo que ha esgrimido que «han cambiado las reglas del juego.

Los argumentos que plantea el presidente de la Junta en su carta al Consejo de Estado son claros. Moreno entiende que este recorte en los recursos hídricos y en «esta nueva planificación hidrológica», regulada en el proyecto de Decreto del Plan Hidrológico del Demarcación del Tajo, «contiene unas determinaciones gravemente lesivas para la comunidad autonóma». Sobre todo porque se refieren a cultivos de zonas tan sensibles como el cultivo del valle del Almanzora en Almería.

En este escenario cobra especial importancia el agua desalada. Y aquí también hay otro frente abierto con el Estado que ha suprimido las bonificaciones existentes hasta ahora. «El Gobierno ha tomado una decisión política de aumentar los hectómetros cúbicos ecológicos sin tener en cuenta los informes científicos y elimina las bonificaciones para las desalaciones que van a suponer un coste de 1,40 euros el metro cúbico de agua desalada cuando ahora estaba bonificado a 0,40 euros».

El Gobierno andaluz también reclama que esas bonificaciones se extiendan a todas las desaladoras, como la que abastece a una buena parte del consumo de los almerienses, y no sólo a las que dependen de la empresa Acuamed, que eran las bonificadas hasta la fecha.