Andalucía iniciará en 2025 la educación gratis de 0 a 3 años con un modelo público-privado y sin ampliar las plazas

Andalucía cuenta con una red de 2.000 escuelas de educación infantil que suponen en torno a 16.000 puestos de trabajo. Esta red, debido a la caída de la natalidad, tiene en estos momentos más de 20.000 plazas vacantes según la Junta de Andalucía. Es sobre este modelo sobre el que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional quiere aplicar el plan andaluz para la gratuidad en esta etapa educativa, un compromiso electoral del Gobierno andaluz desde 2018 que ya está en vigor en distintas comunidades autónomas y que no se podrá aplicar en Andalucía al menos hasta el año 2025-2026.

La Junta de Andalucía tendrá que ejecutar este plan, como admitió el consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, con fondos propios salvo que en los próximos meses se encuentre una vía alternativa, dado que tras casi tres años ya se ha constatado que los fondos concedidos a la comunidad autónoma en 2021, 123 millones de euros, no sirven para este modelo. Por este motivo, han tenido que ser devueltos todos los fondos, salvo los cuatro millones que se aplicaron en programas menores con distintos ayuntamientos.

El Ministerio de Educación del Gobierno de España, a través de un programa de fondos europeos Next Generation, asignó a Andalucía un total de 123 millones de euros para ampliar las plazas públicas en el ciclo educativo de 0 a 3 años. Es decir, para incorporar nuevos recursos públicos gestionados desde la administración dedicados a ampliar la oferta para este ciclo educativo. Esta financiación chocaba desde el principio, según la Junta de Andalucía, con el modelo existente en la comunidad autónoma basado en pequeñas empresas que tienen escuelas infantiles, de los que dependen 16.000 empleos, y en las que además hay 20.000 plazas vacantes. Es decir, según el análisis de la Junta de Andalucía, se crearían equipamientos públicos gratuitos que competirían con un ámbito privado en el que ya hay muchas plazas vacantes, lo que dañaría al sector.

Por este motivo, la Junta de Andalucía lleva meses intentando un cambio en las bases reguladoras del programa de forma que se pudieran destinar a sufragar la gratuidad para las familias en las escuelas infantiles privadas, mayoritariamente, que ya existen en la comunidad autónoma. Esta propuesta finalmente ha sido descartada pese a que, según la Consejería de Desarrollo Educativo, sí se han permitido ajustes para otros territorios como el País Vasco.

El pasado 16 de febrero, el Ministerio desestimó el plan andaluz: «El programa no busca financiar la red de plazas ya existente (...) Debe crear nuevas plazas públicas en aquellas áreas, rurales o urbanas, en las que no existe oferta, al mismo tiempo que, de forma inicial y con carácter extraordinario, se financian todos los gastos recurrentes derivados de la puesta en marcha de las nuevas plazas».

Ante este rechazo, la Junta de Andalucía tendrá que devolver los fondos de esta partida que aún no han sido empleados. En este caso, de los 123 millones de euros se han ejecutado cuatro millones en dos convocatorias para la educación gratuita a través de los ayuntamientos que tuvieron poca concurrencia. Por lo que la devolución final de fondos es de 119 millones de euros.

Este dinero, que forma parte del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia puesto en marcha para la recuperación económica y social europea tras la pandemia fue adjudicado a Andalucía en 2021 con un cronograma de ejecución de tres años que debía garantizar en torno a 4.000 plazas más públicas gratuitas para la educación de 0 a 3 años. El dinero se transfiere en pagos anuales hasta alcanzar los 123 millones que correspondían a Andalucía sobre un total de 665 millones de euros repartidos para toda España. Andalucía, como el resto de comunidades, tenía hasta diciembre de 2025 para completar la ejecución del programa que debía, posteriormente, justificarse antes del 31 de 2026 según se recoge en el último acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de diciembre de 2023.

Esta devolución fue acordada la pasada semana en la Mesa del Primer Ciclo de Infantil en un acuerdo en el que participaron sindicatos como FSIE o la USO pero del que se desmarcaron CCOO y UGT. El pacto fijaba la devolución de los fondos europeos concedidos debido a que «de su aplicación derivaría la desaparición del sector» y el compromiso de trabajar ya con fondos autonómicos para «iniciar en el curso 2025-2026 el avance progresivo hacia la gratuidad en los centros exclusivos del primer ciclo de educación infantil de Andalucía». Según confirmó el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, esto implicará que la Junta, si es necesario, lo asumirá con recursos propios. La Consejería ya tiene en estos momentos 100.000 menores con bonificaciones en la escuela infantil de 0 a 3 años, de los cuales la mitad disfrutan de gratuidad total. La propuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo es seguir trabajando en esta misma línea para de forma progresiva «cumplir el compromiso» de la gratuidad pero manteniendo el modelo actual de la educación infantil de 0 a 3 años en Andalucía.

En defensa de esta postura se posicionaron centrales sindicales como FeUso Andalucía. «El Gobierno de España ha destinado ese dinero para la creación de más plazas públicas pero se da la circunstancia de que en Andalucía existen ahora mismo más de 20.000 plazas de Educación Infantil sin ocupar por lo que no tiene sentido crear más sino avanzar en la gratuidad de las ya existentes», explicó la secretaria general de FeUSO Andalucía, María de la Paz Agujetas.