Andalucía exige al Gobierno que cumpla con su financiación para contratar a ayudantes doctores en universidades públicas

Como recuerda la Consejería en una nota, las convocatorias para la incorporación de este personal se hicieron desde septiembre de 2024, es decir, desde el inicio de este curso como exige el convenio.

Así, ha pedido al departamento que dirige Diana Morant que confirme la transferencia a las instituciones académicas andaluzas y no descuente a la comunidad el dinero abonado en diciembre de 2024.

De este modo, Herrera ha insistido que confía en que el Gobierno sufrague mediante el programa 'María Goyri' las plazas de profesorado ayudante doctor convocadas y contratadas por las universidades públicas andaluzas desde el inicio del curso 2024/2025 y no desde la firma del convenio para impulsar esta medida, que data del 20 de noviembre de 2024.

En esa fecha, la Consejería rubricó junto al Ministerio de Ciencia y los rectores, el convenio que da sustento al programa 'María Goyri' de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas.

El documento contempla el compromiso del Gobierno central de sufragar 468 plazas de este perfil docente con cargo a fondos estatales por un periodo de seis años, estableciéndose para el año 2024 un montante de 6,52 millones destinado a financiar el coste de esta plantilla en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, cuya transferencia por parte del Ministerio se materializó en la comunidad a finales de diciembre de 2024. Ese importe se traducirá en unos 21 millones de euros anuales a partir de 2025.

Además, para la contratación, se recoge, también por escrito, la obligación de hacerlo en el actual curso académico, es decir, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, el Ministerio de Ciencia interpretó con posterioridad que el periodo de vigencia debe recortarse en casi tres meses, puesto que el convenio no se formalizó hasta finales de noviembre, por lo que el secretario general de Universidades ha exigido al departamento que dirige Morant a confirmar la transferencia para la aplicación efectiva del programa, que fue diseñado para atender las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Por otro lado, Herrera ha recordado que desde la Consejería «también se ve necesario» prolongar la fase de incorporación de los 468 ayudantes doctores costeados por el Ministerio desde el 30 de junio de este año hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permitirá a las instituciones públicas andaluzas «contar con más margen de tiempo para formalizar los contratos».

La contratación de esta figura, al igual que las del resto comprendidas en el colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI), se suele realizar mediante convocatoria pública, que lleva asociado un procedimiento administrativo que puede prolongarse por varios meses, ya que las universidades han de cumplir plazos oficiales para la presentación de candidaturas, evaluación de la documentación, atención de reclamaciones y resolución de los procesos.

De otra parte, en el marco de este encuentro, el secretario general de Universidades ha vuelto a reclamar al Ministerio de Ciencia que se haga cargo del coste íntegro asociado al funcionamiento anual de los campus universitarios de Ceuta y Melilla, que para este ejercicio rondará los 25 millones de euros.

Así, ha explicado que de ese coste global el Gobierno central solo asume una asignación anual de 9,08 millones, lo que obliga a la Universidad de Granada (UGR) y a la Consejería de Universidad a financiar desde hace años gran parte del déficit generado a través del modelo de financiación del sistema público universitario y de tasas públicas.