Andalucía comunica al Gobierno que en 2024 atendió a un total de 2.615 menores migrantes

Este lunes expira el plazo para que las comunidades remitan al Gobierno la cifra de menores migrantes que atienden y que será clave para determinar el reparto de niños y adolescentes en virtud del decreto ley fruto del pacto entre Junts y el Ejecutivo para reformar el artículo 35.

La ocupación «efectiva» de las 6.092 plazas del sistema de protección de menores de Andalucía es del 96,32%. Por lo tanto, «Andalucía cuenta con sus recursos al límite de ocupación, teniendo que estar preparada para ejercer sus competencias ante la posible llegada de menores de edad extranjeros no acompañados, y para garantizar la protección de todos los menores que se declaran en situación de desamparo», han señalado fuentes del departamento de Loles López a Europa Press.

La semana pasada, la consejera Loles López acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de practicar «mentiras y medias verdades» en materia de migración, aludiendo a que el Ejecutivo central «ha ocultado la existencia de 8.142 plazas para la acogida de migrantes en Andalucía». A este respecto, explicaba que la mayoría de migrantes que llegan a España han solicitado protección internacional, solicitud que les da la oportunidad de permanecer en el recurso donde se encuentran alojados hasta que se resuelva dicha solicitud.

Según los datos aportados por el Gobierno, en enero de 2025, en Andalucía había 4.927 plazas de emergencia para la acogida de migrantes procedentes de Canarias, incluyendo a los solicitantes de asilo, con un 91,3% de ocupación. Tras solicitar la cifra de personas que realmente se han trasladado desde Canarias a Andalucía siendo solicitantes de asilo, «los datos aportados un mes más tarde por el Gobierno arrojan que existen realmente en la comunidad andaluza 13.069 plazas con una ocupación del 86,54%», señalaba López.

«El Gobierno no sólo ha estado ocultando plazas», continuaba la consejera, «sino que al pedirle esta misma información sobre el resto de comunidades autónomas, nos ha lanzado un no rotundo, por lo que desconocemos la situación real de otros territorios, como Cataluña», teniendo en cuenta, concluía, que «servicios sociales como la sanidad o la educación los prestan las comunidades autónomas».

López rechazaba el «mercadeo» del Gobierno con los menores migrantes no acompañados y ha advertido que, para Pedro Sánchez, «existen niños de primera y de segunda», en referencia a aquellos 614 menores que el Ejecutivo ha trasladado a Andalucía «por la puerta de atrás», bajo la apariencia de adultos. Menores, agregaba López, que el Gobierno «se niega a reconocer».

Igualmente, rechazaba la «doble vara de medir» con los menores migrantes que utiliza el Partido Socialista y pedía que «dejen de tratar a los niños como paquetes de Amazon y respeten su dignidad». «No puede dar lecciones quien no tiene principios y, menos, tratando a los niños como mercancía», resaltaba. Además, ponía de relieve que, con el decreto aprobado por el Gobierno para el reparto de menores entre las comunidades, el Gobierno «blanquea lo que lleva haciendo muchos meses, ya que recoge que se trasladarán menores, sepan o no sepan su edad».

La titular de Inclusión Social, por otra parte, se mostraba a favor de una migración «regulada y ordenada», pero ha advertido que actualmente España «carece de una política migratoria». López reconocía su preocupación por la falta de «información, coordinación y financiación» ante una crisis migratoria que el propio Gobierno ha definido como «estructural».

Prueba de ello, la consejera recordaba lo ocurrido en la conferencia sectorial de migraciones celebrada hace dos semanas, sobre la cual la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz «mintió la semana pasada en la televisión de los andaluces al afirmar que Andalucía no asistió, algo rotundamente falso, ya que la comunidad estuvo representada por el director general de Políticas Migratorias de la Junta, Jesús Toronjo». Asimismo, la consejera lamentaba las constantes cesiones del Gobierno a los independentistas catalanes, como «la cesión de competencias migratorias» a Cataluña que «hasta hace unas semanas, algunos miembros del Gobierno señalaban que era inconstitucional».

Acerca de este acuerdo para la cesión de competencias migratorias a Cataluña, ha apuntado que el Gobierno reconoce a Cataluña «como territorio fronterizo y les concede el derecho a la expulsión, además de un incremento de los Mossos d'Esquadra». A este respecto, ha lamentado que la política de España «se encuentra en manos de un prófugo de la justicia, con el único objetivo de mantener a Sánchez en el sillón de la Moncloa».