El TSJA pide al alcalde de Carboneras que inicie la revisión de la licencia del Algarrobico

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala acuerda requerir formalmente al primer edil carbonero para que ejecute dicho trámite tras la petición formulada por la mercantil en diciembre, en la que reclamaba el cumplimiento de la resolución de febrero del año pasado por la que ya se dio un mes al anterior alcalde Felipe Cayuela para iniciar el expediente.

En este sentido y conforme los plazos de notificación, el regidor carbonero tiene hasta el próximo 10 de abril para acreditar ante el tribunal que se ha incoado el expediente de revisión de oficio ante el apercibimiento de que, si desobedece, podría imponerle multas coercitivas de 150 a 1.500 euros o incluso deducir testimonio ante una eventual responsabilidad penal.

El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta «vicios de nulidad», de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición del polémico inmueble y «devolver a su estado originario» el paraje, «que debió mantenerse inalterable», según concluyó el Tribunal Supremo (TS).

La ponente María Isabel Moreno Verdejo se limita en su resolución a adoptar esta medida sin pronunciarse sobre la posibilidad de que sea el propio TSJA el que, subsidiariamente, ejecute la sentencia y revise el expediente, tal y como interesó la propia constructora en su escrito inicial y también apoyaron los colectivos ecologistas.

A este extremo, sin embargo, se opuso la Junta de Andalucía, que si bien sostiene que la anulación de la licencia es la vía más corta para tumbar el hotel, cree que solo el Consistorio, en el que actualmente el PP conforma equipo de gobierno con el liderazgo de un único edil de CS, tiene la potestad para efectuar dicho trámite en virtud del «principio de identidad», dado que fue al Ayuntamiento al que se impuso la «obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo».

La licencia de obras fue otorgada el 20 de enero de 2003 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, que actuó por delegación del alcalde, a quien era el que tenía atribuida la competencia. De forma paralela, el TSJA también acordó solicitar al alcalde de Carboneras que informara periódicamente sobre los trámites a seguir para implementar una serie de modificaciones en su planeamiento urbanístico para declarar de manera efectiva como «no urbanizables» los terrenos de El Canillar y El Algarrobico.

En su última comunicación, el alcalde aseguró que aún no disponía de arquitecto municipal para realizar dicho trámite si bien avanzaba en gestiones para conveniar con el Ayuntamiento de Garrucha el acceso a su profesional municipal.

En el ámbito administrativo, el Gobierno inició el pasado 11 de marzo el procedimiento para expropiar la mitad de los terrenos en los que se asienta el hotel así como el propio inmueble en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre con la publicación en el BOE de la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros.

Una vez que se identificó el bien a expropiar con esta declaración, el Gobierno debe publicar dicho acuerdo además en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en un diario de gran difusión de la provincia y a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carboneras.

Es a partir de entonces cuando se comenzará a contabilizar el periodo de 15 días de exposición pública para hacer alegaciones a fin de subsanar únicamente «posibles errores en la identificación del bien a expropiar». Finalizado el plazo de información pública, el Ejecutivo debe resolver sobre la necesidad de ocupación, previo informe preceptivo de la Abogacía del Estado. Cumplimentado dicho trámite y una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, se debe iniciar la fase de determinación del justiprecio.

El Gobierno, que ha alentado a la Junta de Andalucía a adoptar un procedimiento paralelo para expropiar los terrenos y el hotel que ocupan parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.