El Gobierno admite que los recursos dilatarán el proceso para fijar el justiprecio de la expropiación del Algarrobico

La expropiación parcial del hotel de El Algarrobico iniciada por el Gobierno central sobre la mitad de los terrenos en los que se asienta el establecimiento promovido por Azata del Sol y que se corresponde a la zona de servidumbre marítimo-terrestre se encuentra pendiente de fijar un justiprecio una vez declarada firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación. En esta fase se va a proponer por parte de la Administración Pública una cuantificación a la promotora.

Azata del Sol alegó el expediente expropiatorio, pero finalmente sus alegaciones así como su recurso de alzada fueron rechazados, lo que abría la puerta a que la empresa entrara en un procedimiento judicial en el ámbito contencioso-administrativo. Fernández ha señalado que debe alcanzarse un acuerdo con la empresa a la hora de fijar el coste expropiatorio de los suelos que el Gobierno prevé recuperar así como de la parte del hotel que se asienta en dichos terrenos.

«El Gobierno de España está actuando permanentemente con un arreglo a los tiempos más breves posibles para dar respuesta a una situación y restituir la legalidad urbanística para recuperar desde el punto de vista medioambiental la playa de El Algarrobico», ha afirmado Pedro Fernández.

La posibilidad de nuevos recursos no es menor. El Ayuntamiento de Carboneras aprobó en julio la revisión de la licencia de obras otorgada en 2003, trámite indispensable para la demolición completa según estableció el Tribunal Supremo en diciembre de 2022. Esta es la vía en la que la Junta de Andalucía ha concentrado sus esfuerzos en los últimos años, considerando que es la única fórmula jurídica sólida para poner fin a este 'mastodonte' urbanístico levantado en un espacio no urbanizable y de especial protección.

Para el Gobierno andaluz, la responsabilidad recae en el Consistorio carbonero, que debe declarar nulo el permiso de obras que mantiene en pie al hotel. Aunque los tribunales han ratificado en varias ocasiones que la construcción es ilegal, el edificio conserva un título jurídico válido mientras esa licencia no sea anulada. Se da la paradoja de que un inmueble erigido en plena franja litoral, en suelos protegidos y con planeamientos urbanísticos declarados nulos, sigue resistiendo sobre la base de un permiso municipal otorgado hace más de veinte años.

El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero de 2025 supuso la expropiación de aproximadamente la mitad de los 32.654 metros cuadrados que ocupa el hotel. Esa parte corresponde a los terrenos situados dentro de la servidumbre de protección del litoral. La otra mitad del complejo se adentra en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ámbito en el que la Junta de Andalucía es la administración competente. El Gobierno andaluz ha descartado hasta ahora la vía expropiatoria, insistiendo en que la única solución pasa por anular la licencia de obras.