El acuerdo Junta de Andalucía-Gobierno sobre Doñana dejará 356 millones para desarrollo económico y conservación de la zona

La iniciativa contará con 356 millones de euros indicaron ayer el presidente andaluz y la ministra al comparecer ante los medios tras la reunión que mantuvieron en el Palacio de San Telmo.

El principio de acuerdo entre la Junta y el Gobierno supone el compromiso por parte de Moreno de poner en suspenso la tramitación de la ley de reordenación de los regadíos en el entorno de Doñana. La norma, que se tramita desde hace casi dos años, debía incluirse hoy mismo en el orden del día del próximo Pleno del Parlamento andaluz, que tendrá lugar la semana que viene.

No será así. No es tampoco la primera vez que se aplaza la aprobación de esta polémica norma. De hecho, la ley debería haberse aprobado en el Pleno pasado pero entonces, a última hora, el grupo popular en la Cámara andaluza decidió no llevarla a votación. La explicación que dio entonces el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, fue que la votación iba a coincidir con la fallida sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Fuese o no por ese motivo, la cuestión es que la norma quedó pendiente para el próximo Pleno. Pero tampoco irá a debate. A cambio, el Gobierno andaluz y el central acordaron ayer el plan para abordar el futuro del parque natural de Doñana que gestionará un equipo de alto nivel.

La apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por este acuerdo tuvo su reflejo en la presencia durante la rueda de prensa de hasta tres consejeros del Ejecutivo andaluz. Estuvieron en primera fila escuchando las explicaciones del presidente de la Junta y la ministra el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco; la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo; y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

La iniciativa se dividirá en dos fases. En la primera, el comité formado por personal de ambas administraciones escuchará las propuestas y sugerencias de los afectados. Agricultores, vecinos, alcaldes de la zona, Comité de participación de Doñana... Todos serán escuchados, subrayó la ministra para la Transición Ecológica.

Después llegará el tiempo de las propuestas. El comité mixto Junta-Gobierno tendrá tres semanas para coser todas las aportaciones de las partes y diseñar un plan que contemple dos variantes: la ecológica y la socioeconómica.

Esto es una novedad. Porque, por primera vez, el Gobierno central conviene con la Junta que es necesario atender a las demandas de la población que vive junto al parque para dar solución a la problemática de Doñana. «Si la población no está convencida de la conservación del medio ambiente, el medio ambiente acaba degradándose», recordó ayer Moreno.

El acuerdo entre el Gobierno andaluz y el central tiene otra derivada. Supone sacar a Doñana del foco internacional, donde está desde hace meses. Porque, recordó ayer la ministra para la Transición Ecológica, la Unión Europea mantiene abierta una sanción contra España por la gestión del agua del parque.

Con el acuerdo, que debe culminar dentro de un mes con un nuevo pacto por Doñana, Ribera confió en que la UE dé por cerrada la multa. «Queremos cerrar el proceso de sanción de la Comisión Europea», deseó la ministra para la Transición Ecológica y «garantizar que las soluciones satisfagan las expectativas incluidos los agricultores», añadió.

Pero, además de las instituciones europeas, la ONU también tiene el ojo puesto en el parque natural. La Unesco, de hecho, amaga hace meses con sancionar a España por su gestión de este espacio natural. El organismo para la conservación del patrimonio ha advertido en un par de ocasiones contra la falta de agua en la zona y su gestión.

Precisamente contra la degradación que sufre Doñana producto del cambio climático, el Gobierno andaluz anunció hace semanas la compra de una finca de 7.500 hectáreas. Este terreno cuenta con una laguna de 3.500 hectáreas donde viven miles de aves y sirve como ayuda en los momentos en que el parque tiene menos agua.

La compra de estos nuevos terrenos, que costarán 70 millones de euros, supone la mayor ampliación del parque de Doñana en casi 50 años, destacó en su momento el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.

La paralización de la tramitación de la norma sobre regadíos de Doñana enfadó ayer especialmente a Vox, que es el otro partido que impulsaba la normativa. Para los de Santiago Abascal, parar la aprobación de la norma es la «enésima metedura de pata del Gobierno del PP».

A través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), Gavira consideró sobre el presidente de la Junta de Andalucía que «Moreno Bonilla sigue sin enterarse» por estimar que «castiga a los agricultores», recogió Europa Press.

Los ecologistas, por su parte, celebraron el acuerdo. Desde WWF se congratularon de que la Junta y el Gobierno central «retornen al camino del consenso y del diálogo» que «marcó el plan de la Fresa» y que «nunca se debió abandonar».

También celebraron la decisión desde la izquierda andaluza. La líder de Por Andalucía, Inma Nieto, saludó la «rectificación» del presidente de la Junta y recordó que Doñana es un espacio que «toca cuidar». Adelante Andalucía, por su parte, aseguró que estarán «vigilantes» para que «esta ley no se saque del congelador».