Andalucía lidera porcentualmente la estadística del acoso escolar en España

Se trata de un problema, el del acoso escolar o «bullying», de consecuencias trágicas como el suicidio de algunas víctimas, que lejos de controlarse va en aumento, impulsado por el uso de las nuevas tecnologías, lo que ha derivado en la aparición del término «ciberacoso». Las administraciones han puesto especial énfasis en la elaboración de protocolos de actuación una vez detectado el acoso; sin embargo los expertos echan en falta medidas de carácter preventivo, a todos los niveles: dirigidas a los alumnos, al personal docente y a los padres.

La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar es una de las numerosas entidades que tratan de paliar las deficiencias de un sistema, el de las administraciones, en el que priman las actuaciones a posteriori. Presidida por Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva , tiene su sede central en Madrid y cuenta con delegaciones en Sevilla y Málaga. «En general no se aborda el acoso escolar como se debe. Se aplican protocolos de actuación cuando el acoso ha llegado a un punto grave, y siguen faltando los aspectos de la formación de la sensibilización y de la prevención tanto a los niños como a los padres y a los profesores», señala Pérez-Carillo. Y añade que esto último es precisamente lo que sí hace su asociación.

Recientemente ha implantado un plan nacional de carácter preventivo, para aplicar en los colegios . Lo más llamativo del programa es el test Tebae al que se someten los alumnos para conocer la incidencia del acoso escolar. Y una vez identificados, se llevan a cabo charlas y prácticas proactivas en las que se pone de manifiesto el daño que sufren las víctimas y las consecuencias. En otra fase, los tutores eligen a dos niños de cada aula, con vocación de liderazgo, a los que se les alecciona para que intervengan en caso de conflicto. Y por último las enseñanzas también las reciben los padres y todo el personal de los centros. El plan incluye asimismo un protocolo de actuación en el que prima la protección de la víctima.

«Tolerancia cero con el acoso escolar» es el mensaje que quiere trasladar Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor. Ante este problema se muestra contundente. «Muerte al silencio, no te calles y denuncia». Según su experiencia hay miedo a denunciar «por el estigma, por el desdoro para la familia, o porque el niño o la niña se sienten amenazados. Y cuando la familia o el colegio ven por los signos externos de lo que está sucediendo puede que ya sea tarde».

La consecuencia, añade Maeztu, es que las víctimas son las que «pagan el pato» y deciden para resolver la situación cambiar de colegio, con el resultado de que el agresor es el que sale victorioso. El Defensor del Menor lamenta la escasa eficacia de los protocolos de actuación ( la Junta de Andalucía dispone de dos, uno de carácter general y otro sobre identidad de género ) y considera necesario que se hagan pruebas a modo de ensayo, similares a los simulacros de incendios, para saber cómo actuar.

Maeztu, por otra parte, se muestra muy preocupado por la fuerza con la que ha irrumpido el ciberacoso. «Tenemos casos de niños que cuando salen a la calle los acosadores les envían mensajes de móvil advirtiéndoles que están siendo vigilados. Un chico nos dijo un día que la solución ante el acoso que sufría era hacerse invisible».

El teléfono móvil es, para el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, el arma con el que pueden jugar los padres y profesores para disuadir y castigar a los acosadores . Famoso por sus sentencias ejemplarizantes, Calatayud no tendría reparos en dictar una para que un agresor permaneciera todo el fin de semana sin el móvil.

Emilio Calatayud Lanza, en este campo, tres recomendaciones: «Lo primero que recomiendo es que los móviles se prohíban en los colegios. Segundo, que los padres controlen el uso de estos aparatos por parte de los hijos. Y tercero, que el primer castigo sea dejar a un chico sin móvil durante un fin de semana». Para reforzar sus argumentos propone la lectura del contrato que una madre firmó con su hijo para comprarle un iPhone, y que se puede consultar en internet.

El juez de Menores afirma que si bien van en aumento las denuncias por acoso escolar, son pocas las que llegan a los juzgados. «Es un delito que se produce, pero se tapa mucho por parte de los centros, por los chavales y por los padres. Tenemos conocimiento del hecho porque a veces se produce una agresión física, pero no la tortura psicológica a la que ha podido ser sometida la persona».