La juez no suspende la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

Fuentes próximas a la Junta han dicho a Efe que la negativa de la juez a la solicitud de la empresa Emerita supone un « aspecto crucial » porque permitiría reanudar los trabajos así como «la inmediata creación de empleo» en la comarca.

Las mismas fuentes se referían al auto de 10 de agosto de la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, emitido tras un escrito de Emerita en el que pedían la suspensión del concurso y la ampliación de las acusaciones, entre otras solicitudes. En ese auto, la juez indica que ha sido informada por la Junta del comienzo del proceso de una eventual suspensión de la adjudicación.

También señala que la Administración ha reiterado su intención de colaborar en la investigación del caso, por lo que « no se observan motivos para entrar a pronunciarnos sobre dicha suspensión en este momento procesal», indica la juez.

Además, la instructora reitera a la Junta que le informe si la empresa formalmente reconocida como adjudicataria de la mina, en la que se produjo un vertido tóxico en 1998, ha aceptado las condiciones fijadas o si esa aceptación está pendiente de la suspensión del concurso.

Por otra parte, la juez ha remitido al juzgado de instrucción 12 la denuncia de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía por la detención de una abogada relacionada con el concurso.

En su resolución, la juez explica que envía la denuncia a otro juzgado porque los hechos relativos a la detención de la letrada por policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son «completamente ajenos» a la instrucción sobre la mina.

En la denuncia se consideraban que lo ocurrido con la abogada fue una « detención ilegal » así como «prevaricación» y atentó contra su «integridad moral» cuando fue a declarar en relación al concurso minero.

Según la asociación, pese a que esta abogada y otros funcionarios no estaban ni detenidos ni imputados y acudieron a declarar a la Policía de manera voluntaria, se produjo su detención en las dependencias policiales antes de comenzar las declaraciones, tras las cuales fueron puestos en libertad.

La juez ha imputado a siete personas por un presunto delito de prevaricación por su actuación en el concurso, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, que ha sido cesada.