El curso político en Andalucía se cierra con muchos anuncios y poca gestión

Susana Díaz desplegó desde septiembre de 2014 una estrategia de desgaste del Gobierno que ella misma presidía gracias al pacto firmado con Izquierda Unida tan sólo dos años antes, cuando Griñán era el candidato del PSOE y el presidente de la Junta. Díaz , tal vez asesorada por optimistas datos demoscópicos, puso todo su empeño en romper el acuerdo y adelantar las elecciones. Y, en cuanto tuvo aprobados los presupuestos para 2015, tomó la decisión. El 25 de enero rompía su acuerdo y convocaba unas elecciones que le daban el peor resultado en la historia del PSOE y que abría las puertas del Parlamento andaluz a Podemos y Ciudadanos , dos fuerzas políticas que han logrado escaños a costa de todo el espectro político existente. Pero que también dejó profundamente herido al principal partido de la oposición. El PP, con un nuevo líder, Juanma Moreno , sufría un grave descalabro perdiendo 17 escaños. El Gobierno andaluz se enredaba en las elecciones municipales, previstas para el 24 de mayo, que mantuvieron a todos los partidos inmóviles hasta conocer qué alcaldes elegían los andaluces. Tres meses clave en los que el Gobierno andaluz ha estado en funciones, aprobando asuntos de trámite y utilizando Andalucía como estrategia política frente al Gobierno central. El 14 de junio, Susana Díaz tomaba, por fin, posesión como presidenta de la Junta gracias al pacto de investidura firmado con Ciudadanos.

El Gobierno andaluz lleva presentando las mismas leyes todo este curso político. Las que se quedaron en el tintero por la convocatoria de las elecciones —decayeron en el Parlamento por su disolución,— han vuelto a ser aprobadas por el Consejo de Gobierno como si fuesen la panacea a los problemas. Así ha ocurrido con la Ley de Protección de los Consumidores en la contratación de hipotecas, un producto de IU que el nuevo Gobierno de Susana Díaz se arroga. Y es una ley sin dinero, que sólo pretende crear un tribunal de arbitraje y establecer más controles a las entidades financieras. También ha ocurrido lo mismo con la Ley del Deporte o con la creación de una Entidad Pública de Crédito andaluza , caballo de batalla de IU que no logró poner en marcha en el Gobierno y que el PSOE defiende como una medida base del progreso económico.

La puesta en marcha de tres planes de empleo dirigidos a parados de larga duración son la principal medida de gestión del Gobierno andaluz en estos meses. Según los datos aportados ayer mismo por el vicepresidente de la Junta y presidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios , el Gobierno andaluz ha invertido 1.363 millones de euros en poner en marcha los planes Emple@Joven, Emplea30+ o el plan de choque, unos programas que son gestionados por los ayuntamientos, los cuales se quedan de las deudas de la Junta en este sentido. Contratan a parados de diferentes grupos de edad según el programa, por un máximo de seis meses. Un empleo precario y temporal pero que pretende dar un balón de oxígeno a quienes se encuentran en peor situación.

El Gobierno andaluz quiere convertir la lucha contra los desahucios en un emblema. Así, ha aprobado una ley de retracto para que la Junta pueda obtener las viviendas de familias desalojadas y se las pueda entregar por un alquiler social, además de haber anunciado la creación de un grupo de trabajo con 11 entidades financieras para evitarlos.

Las dos medidas más concretas que ha aprobado el Ejecutivo se centran en los jóvenes y fueron anunciadas por la presidenta durante la campaña electoral:un sistema de becas para que los jóvenes puedan obtener el certificado B1 en idiomas dependiendo de la renta, y una ampliación del sistema de garantía juvenil para ofrecer formación y empleo a los jóvenes en paro que prevé invertir 323 millones de euros hasta 2020.