Griñán repartió en sólo dos días 190 millones entre la CEA, UGT y CC.OO.

La concesión de las ayudas se plasmó en diez acuerdos del máximo órgano ejecutivo de la Autonomía que la Consejería de la Presidencia remitió el 20 de mayo pasado al juzgado atendiendo a un requerimiento de la magistrada. Los documentos, a los que ha tenido acceso ABC, llevan la firma del expresidente de la Junta José Antonio Griñán. Su rúbrica aparece junto a la de dos de los imputados de mayor rango en el caso, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández García (2004/10) y Manuel Recio (2010/12). El antecesor de Susana Díaz está imputado por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE fraudulentos. Dejó su escaño en el Senado hace una semana, a sabiendas de que el Parlamento andaluz no iba a renovarle el acta.

El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en dos tacadas. Repartió 78,12 millones de euros el 29 de diciembre de 2009, sólo un mes después de la firma delVIII Acuerdo de Concertación Social por los sindicatos, la patronal y el propio Griñán para combatir el desempleo. Al año siguiente, el 21 de diciembre de 2010, en vísperas del Sorteo de Navidad, dio 112,34 millones más a golpe de convenios.

De esta forma, la CEA recibió 80,19 millones de euros para impartir acciones formativas que fueron distribuidos de la siguiente forma: 35,55 millones en 2009 y 44,64, en 2010. La Unión General de Trabajadores , que está siendo investigada por otro juzgado por endosar supuestas facturas falsas a subvenciones autonómicas, obtuvo 55,2 millones: 21,3 millones en 2009 y 33,9 millones en 2010. Una cuantía ligeramente inferior consiguió Comisiones Obreras: 55 millones en el mismo periodo.

La autorización del Consejo de Gobierno era una condición ineludible para entregar el dinero. La Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía obliga al órgano ejecutivo (donde se sientan el presidente y todos sus consejeros) a validar las ayudas cuando excedan de los 3 millones de euros , como es el caso. El hecho de que estas entidades tuvieran pendientes de justificar ayudas otorgadas con anterioridad no le supuso impedimento para acceder a nuevos fondos. Tal y como recoge el punto segundo de los acuerdos, el Gobierno autorizó «el abono, sin justificación previa , de la totalidad del importe de las presentes subvenciones». Las empresas beneficiarias de ayudas para la formación no disfrutaban de esta prerrogativa: la Junta les anticipaba el 75% de las ayudas y el 25% restante se abonaba cuando acreditaban que se había comprometido el gasto.

La juez Mercedes Alaya acusó a la cúpula de la Consejería de Empleo de crear «una red de clientelismo político» mediante la financiación de cursos que no se controlaban de forma «deliberada». Dinero a cambio de votos. Todo ello, según dejó escrito el día 15 en un auto, «con el decidido propósito de no quebrar el clima de satisfacción de las entidades beneficiarias , entre las que se incluían organizaciones sindicales, la CEA, miembros a su vez del consejo de administración del Servicio Andaluz de Empleo, grandes entramados empresariales y Faffe».

Hoy mismo, debido a su ascenso, Alaya puede verse apartada del caso tras ser relevada por la juez María Ángeles Núñez Bolaños como titular de su antiguo juzgado. Justo cuando empezaba a subir peldaños hacia la cúspide de la pirámide de responsabilidades del fraude masivo de la formación.