La juez Núñez aplaza a julio la ratificación del informe que cifra en 66 millones las sobrecomisiones de los ERE

En una providencia fechada ayer, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sustituta de Mercedes Alaya decide aplazar a los próximos días 6 y 7 de julio la comparecencia, que había sido fijada inicialmente para el 22 de junio, después de que uno de los peritos lo solicitara debido a que «por la existencia de un compromiso profesional sobrevenido e ineludible» le era «imposible» asistir ese día .

En su escrito, el perito solicitaba al Juzgado dicho aplazamiento «con el debido respeto y sin desconocer en absoluto el deber de máxima colaboración con la Administración de Justicia que tienen todos los ciudadanos y funcionarios» y dada «la existencia de un compromiso profesional sobrevenido e ineludible, cuyo incumplimiento» le causaría «graves perjuicios».

Se trata del segundo aplazamiento que sufre esta comparecencia, pues inicialmente la juez Alaya la fijó para el 20 de mayo y tuvo que posponerla hasta el 22 de junio debido a que una de las peritos lo solicitó «por motivos personales».

En su informe, consultado por Europa Press, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recoge una serie de irregularidades, como por ejemplo que en las pólizas de los ERE actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador.

La Dirección de Seguros, en el informe elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, analiza las pólizas pagadas por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011 e investigadas en el caso de los ERE y concluyen que se pagaron «comisiones significativamente superiores a la media de mercado», que estaba situada en el dos por ciento en el periodo analizado.

En total, el grupo Uniter cobró 29.804.937 euros en sobrecomisiones, Vitalia 36.228.300 euros, Expert Ejecutivos 71.417 euros y Atlantis -vinculada a CCOO- 50.918 euros, dice el informe, que asevera que «se deduce un patrón de conducta por el que las comisiones se establecían casi con carácter sistemático en el entorno del 10 por ciento», sobrecoste que «no es admisible justificar en unos supuestos compromisos y gastos extraordinarios soportados».

Al hilo, el informe de la Dirección de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, recoge que, pese a que la comisión era liquidada por la entidad aseguradora al mediador, «era indirectamente abonada por la Junta de Andalucía dentro del recibo del seguro y, en consecuencia, tiene un coste para el erario público».

En uno de los expedientes analizados, según el informe, se ha encontrado «evidencia documental de una grave irregularidad consistente en que la Junta de Andalucía ordenaba a la entidad aseguradora el pago de todas las comisiones que el mediador comunicara a la entidad aseguradora, lo que supone dejar al arbitrio de una parte interesada la fijación del precio total del seguro» .

El informe afirma que «no se ha encontrado justificación que acredite la necesidad o conveniencia de suscribir las pólizas mediante la participación de mediadoras» ni «justificación sobre los criterios de elección de las aseguradoras», por lo que remarcan que la intervención de esta figura «ha encarecido innecesariamente el coste de las pólizas de seguro» .

En contra de lo habitual en la mediación de seguros, la comisión no era establecida por las entidades aseguradoras sino por los propios mediadores, quienes «prevaliéndose de su capacidad de influencia en la adjudicación de pólizas fijaban su comisión fuera de los precios de mercado».