La Junta desoye sentencias para readmitir a trabajadores y mantiene a «enchufados»

Ahora, un aluvión de sentencias firmes del TSJA ha declarado nulos los despidos de los llamados «asesores Memta» y obliga a la agencia autonómica a reincorporarlos en sus puestos de trabajo como personal laboral fijo de la Administración rigiéndose por el VI convenio de la Junta de Andalucía. El varapalo judicial va a acarrearle un quebranto económico notable a las arcas públicas (más de 6 millones de euros), toda vez que ha sido condenada a pagar sus salarios desde la fecha en que los echaron a la calle.

A pesar de que han ganado una batalla, la guerra continúa. El SAE se niega a cumplir las sentencias firmes y los afectados se han visto forzados a reclamar su ejecución en los juzgados. Alega, entre otras razones, que no hay sitio para ellos tras absorber como personal subrogados a más de 1.500 empleados procedentes de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo de Andalucía (Faffe), un organismo investigado por la juez instructora dentro de la trama de formación, Mercedes Alaya, y que fue un coladero de cargos afines al PSOE .

Coincidiendo con la celebración del Pleno de investidura de Susana Díaz , decenas de trabajadores despedidos se han concentrado hoy a las puertas del Parlamento andaluz para denunciar el agravio. El servicio público de empleo se basa en un informe de la secretaria general del SAE, María Luz Fernández Sacristán (no en un informe de la Intervención), del 20 de abril pasado, para justificar la «imposibilidad material y legal de ejecución» . El SAE ofrece tres argumentos aparte del de mantener a la plantilla de empleados de la Faffe. En concreto, señala que el SAE ha perdido la competencia en materia de formación que ha sido delegada al la Consejería de Educación , que la readmisión de más de 400 asesores de empleo pondría en riesgo el déficit presupuestario y que no hay plazas en la relación de puestos de trabajo.

Los asesores Memta no se dan por vencidos y amenazan con denunciar a la agencia de la Junta por prevaricación si no cumple las sentencias­. Lidia Chacón, una de las portavoces de la plataforma creada para defender sus derechos, denuncia que «parece ser que el ejemplo de lo que ha pasado con el fraude de los ERE todavía no ha calado entre los políticos de segunda fila que siguen firmando documentos sin apoyo legal para cumplir las órdenes políticas de los políticos de primera fila, que como vemos en estos días, van a los juzgados a echarle la culpa a los de abajo».

Este colectivo acusa al Gobierno andaluz en funciones de «mentir» en su argumentario para no readmitirlos. Así, recuerdan que la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía permite modificar o ampliar créditos para cumplir sentencias judiciales firmes y que hay un decreto de la Junta de Andalucía que le obliga a modificar la relación de puestos ante varapalos judiciales. Por último, afirma que a los antiguos empleados de la Faffe, que se beneficiaron de la reordenación del sector público, denominada como «ley del enchufismo» por parte de los funcionarios «los han dejado en el SAE sin nada que hacer y, sin embargo, estas labores jamás las han llevado a cabo los asesores Memta, a los que se niega a reincorporar.

Al Parlamento también han llevado sus reivindicaciones antiguos agentes de promoción de empleo, los denominados Alpes. Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) obliga a la Junta a abonarles los incentivos impagados correspondientes a los dos años previos a su despido mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que el mismo Tribunal ha declaró nulo.