El extraño retorno de los asesores de empleo

Este organismo aparece como extinguido desde mayo de 2011 de resultas de la reordenación del sector público, denominada por los funcionarios como «ley del enchufismo». Los afectados, que suman cerca de cincuenta en toda Andalucía, han denunciado en una carta dirigida al delegado provincial de Economía en Córdoba, José Ignacio Expósito, que su reincorporación es «irregular», porque ésta no se ha producido en las mismas condiciones que tenían cuando fueron despedidos, recogidas en el VI convenio que rige para el personal laboral adscrito al SAE.

Se trata de una situación, cuando menos, anómala, puesto que a todos los efectos figuran como trabajadores procedentes de una fundación que ya no existe. Esto implica que sus nóminas las gestionan el departamento de recursos humanos de los antiguos «faffe». El código de cuenta de cotización empresarial es también el del personal absorbido del extinto ente instrumental.

La Faffe forma parte de la administración paralela de la Junta. Con su liquidación, los 1.556 trabajadores que tenía en nómina pasaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El traspaso fue anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decisión que fue corregida después por el Tribunal Supremo.

No termina ahí el historial de agravios que desgranan los trabajadores en la misiva, facilitada a ABC, que presentaron en el Registro de la Delegación de Economía en Córdoba el pasado miércoles. El SAE, que en 2013 envió al paro a 413 asesores y promotores de empleo, tampoco está abonando nóminas a algunos de los reincorporados en las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Cádiz. Uno de los afectados por los impagos denuncia en su carta que «a fecha de hoy [por el miércoles pasado] no he cobrado aún mi nómina del mes de diciembre de 2013». Argumenta que «el resto de compañeros de dicho organismo (excepto los 14 trabajadores que hemos sido reincorporados por sentencia judicial) han cobrado la misma en la segunda quincena de dicho mes de diciembre, y a pesar de mis reiteradas preguntas no consigo que nadie me dé una explicación» del retraso.

Este empleado fue contratado por el SAE en el mes de diciembre después de que el Juzgado de lo Social número uno de Córdoba declarara nulo su despido el 30 de junio pasado y condenara al servicio público de empleo a abonarle los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cese. El organismo autonómico también adeuda a estos trabajadores los salarios de tramitación.

Los asesores denuncian un «trato desigual discriminatorio y en algunos casos vejatorio», ya que no ha cobrado sus honorarios en su centro de trabajo. La Junta atribuye el desmantelamiento de los servicios de empleo a la reducción de transferencias procedentes del Estado y a la negativa del Gobierno central a aprobar un plan especial de empleo como el de Extremadura o Canarias.