Anticorrupción pide imputar al candidato del PSOE de Cazalla por las ayudas de la Sierra Norte

Hablamos de la investigación relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que habrían sido alimentados incentivos para reestructuraciones laborales injustificadas o carentes de trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas, muchas de ellas relacionadas con miembros del PSOE andaluz.

La Sierra Norte de Sevilla juega su propio papel en la investigación, pues el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, hombre clave en los hechos a cuenta de su cargo y uno de los principales imputados en la causa, fue alcalde del municipio serrano de El Pedroso y la propia juez Alaya señalaba en uno de sus múltiples autos la «concentración inusitada de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, algunas de las cuales carecían de actividad», advirtiendo de que tanto Guerrero, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, habían «manifestado» que el que fuera consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera fue el responsable de la «decisión sobre tal cúmulo de ayudas».

En un auto del pasado mes de febrero, de hecho, la juez imputaba a 34 personas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas el exalcalde socialistas de Guadalcanal Carmelo Montero, el que fuera alcalde socialista de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez, y el exalcalde socialista de El Pedroso Antonio Diana Expósito.

Ya el pasado 19 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez el archivo de las actuaciones para 12 de estos 34 imputados, al considerar que los delitos que se les atribuyen habrían prescrito. En su escrito, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción considera que habrían prescrito los presuntos delitos cometidos en el caso de personas como Antonio Diana Expósito, quien había sido imputado por una ayuda de 60.000 euros entregada el 30 de julio de 2004.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción pide a la juez Mercedes Alaya la imputación de Verónica Galloso, de El Real de la Jara, como «receptora» de ayudas «directas» por valor de 60.000 euros en 2006 y 2007 por orden de Francisco Javier Guerrero; Laura de la Cruz y Beatriz Ponce de la Cruz, por una ayuda de 430.000 euros entregada a su empresa; y Rogelio Becerra por participar en ayudas concedidas a las empresas Cortansa, Corchos de Cazalla, Enoworld y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra.

Además, pide la imputación de «Sotero M. Martín Barrero», por su participación en las ayudas concedidas a Cortansa, Corchos de Cazalla y Enoworld, así como la imputación de Fernando Pedro Moreira, por las ayudas de Cortansa, Corchos de Cazalla y Corchos Higuera.