La juez Alaya, a un paso de llevar el caso de los ERE al Tribunal Supremo

Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez lleva varios meses trabajando en el auto de inhibición, en el que incluso ha hecho correcciones aprovechando las comparecencias de esta última semana de 26 imputados que se acogieron a su derecho a no declarar.

Alaya debe elevar al Tribunal Supremo una «exposición razonada» con sus indicios contra los aforados, que además de Chaves y Griñán son cinco exconsejeros de la Junta: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

La juez ha anunciado en autos recientes el «inminente fin» de la instrucción, aunque las fuentes han destacado que hasta ahora apenas se ha investigado el 5 por ciento de las 401 ayudas bajo sospecha y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las «medidas necesarias» para evitar las «irregularidades», que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos «nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales».

En un escrito del pasado 31 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción pidió de nuevo la elevación al Supremo porque la investigación «está ya agotada en esta sede judicial sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero» y la juez ha dejado de ser la competente para seguir instruyéndolo.

Anticorrupción ha pedido también que la causa se divida en piezas, una por cada ayuda investigada y otra para los aforados, con objeto de «simplificar y agilizar» el procedimiento, aunque este último aspecto ha sido rechazado por la juez, quien el pasado abril afirmó que tal posibilidad produciría «un auténtico caos procesal».

El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.

El futuro auto de inhibición acumula ya varios centenares de folios, según las fuentes, y Alaya trabaja en él desde su casa los días en que no tiene declaraciones en el juzgado.

La juez ha adelantado en algunos escritos sus indicios contra los aforados pues presuntamente conocieron las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno sobre las irregularidades en los pagos.

Según la juez, el pago a través de las llamadas transferencias de financiación desembocó en la concesión «arbitraria» de ayudas públicas sin cumplir «los principios de objetividad, igualdad y no discriminación», con «ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio».