¿Por qué imputa la juez Alaya a Griñán y Chaves?

En su razonamiento, la instructora sostiene que Manuel Chaves primero y José Antonio Griñán luego eludieron el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, «que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década».

Es evidente que el descuadre del presupuesto de una Administración pública no es motivo suficiente para acabar ante un magistrado, pero la juez Alaya aclara que lo que imputa a la cúpula política de la Junta de Andalucía es «ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación, creando la partida [presupuestaria] fraudulenta (440) a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones (481) que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años».

Aquí está la clave: los consejeros y el presidente de la Junta resultarían presuntamente responsables de idear y poner en marcha este sistema al margen del reglado en la propia normativa autonómica para actuar con una discrecionalidad que el ordenamiento jurídico no les permitía.

A tal efecto, la juez señala que el convenio marco de 17 de julio de 2001 «no constituyó pues el inicio sino la continuidad del sistema, pues a partir del año 2002 tuvo el sistema de transferencias de financiación su acogida en el propio presupuesto». El convenio marco es el que firmaron en su día la agencia pública IDEA y la Consejería de Empleo para la encomienda de gestión en el reparto de subvenciones bajo el criterio del ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

Es decir, Chaves, Griñán y los sucesivos consejeros de Empleo e Innovación (las dos consejerías involucradas en el procedimiento irregular que la juez señala como indiciariamente delictivo) entran en el caso por algo tan gráfico como el ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, atribuyó a Griñán por «cebar» año tras año las transferencias de financiación del programa 31.L. El alto funcionario llegó a referirse a este instrumento como «la herramienta fraudulenta».

Precisamente, la instructora señala en el auto que el testimonio del ex interventor general , unido a los informes de la Intervención General y la documentación presupuestaria, además de la declaración de Guerrero y lo relativo a las subvenciones de empresas en la Sierra Norte de Sevilla han tenido un gran valor indiciario.