La Audiencia de Sevilla apunta a la cúpula de la Junta en el «sistema ilegal» de los ERE

La exministra de Fomento de José Luis Rodríguez Zapatero confiaba en dar esquinazo por segunda vez al escrito incriminatorio de la juez instructora. En octubre pasado, la Audiencia anuló su primera imputación por falta de motivación. No ha habido suerte. Esta vez, el tribunal considera que la instructora «cumple con creces, sobradamente, la concreción de los hechos que con carácter delictivo» puede haber cometido y que existen contra ella «severas por fundadas sospechas de participación» en el fraude de los ERE.

Las fuertes sacudidas que ha provocado esta —inesperada para muchos— resolución se han dejado sentir a miles de kilómetros de distancia del despacho luxemburgués que Álvarez ocupa como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. El fallido recurso de la exconsejera proyecta sombras sobre el horizonte penal que aguarda a Chaves, Griñán —sucesor de Álvarez al frente de Hacienda, que dejó en agosto la Presidencia «erosionado» por el escándalo—, y a otros siete exconsejeros a los que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla citó como preimputados. No cabe acusación formal porque al ser cargos aforados, corresponde hacerla al Tribunal Supremo.

La Audiencia de Sevilla da alas a la teoría expuesta por Alaya de forma insistente de que desde la cúpula del Ejecutivo andaluz (que no significa que lo supiera todo el gobierno) se pudo diseñar un sistema opaco «para propiciar lo que finalmente ocurrió». «No es irracional o arbitraria la hipótesis», esgrime. Se cuestiona cómo se podría entender si no que las ayudas se prolongaran «sin control» durante diez años, «pese a las alertas», provocando una «malversación millonaria».

El contundente auto subraya que el procedimiento de las transferencias de financiación a la agencia IFA o IDEA (una empresa paralela de la Junta) para pagar las ayudas se introdujo siendo Álvarez titular de la Consejería de Economía, «cuya inadecuación para la gestión de tales subvenciones y ayudas ha confirmado la Cámara de Cuentas y ha corroborado» la Intervención General del Estado. Parafraseando a la juez, argumenta que «ciertos cargos de relevancia que por razón de sus competencia pudieron propiciar la instauración del sistema ilegal, excluyendo expresamente que se tratase de todo el Gobierno andaluz».

Por primera vez —y aquí radica la trascendencia de esta decisión—, la juez sevillana no es la única que ve un entramado montado desde la Administración para esquivar los controles legales y repartir dinero para «favoreces a amigos, familiares y en definitiva a círculos próximos al PSOE», como Alaya dejó escrito en los inicios de la instrucción, en noviembre de 2011.

La Audiencia, que suele dar una de cal y otra de arena a la juez, no ve descabellada su teoría y deja sin argumentos al PSOE y al Gobierno de Susana Díaz, que ha presentado a Mercedes Alaya como una suerte de desquiciada quijote inmersa en una obsesiva cruzada política para desestabilizar al Ejecutivo bordeando la ley.

Tras la deliberación, los tres magistrados de la Audiencia vuelven a meter presión a la juez para que acabe la instrucción, al advertir que su terminación «es posible» que «ya no le corresponda». No obstante, consideran «innegable» que la investigación ha permitido a la instructora «detectar que el uso desviado, por ilegal, de los fondos públicos quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas a través de la Consejería de Empleo».

Recuerda que la Intervención General de la Junta, que dependía de Álvarez, «hasta en quince ocasiones advirtió de irregularidades», sin que ningún responsable, incluido Griñán, se diera por enterado. Precisamente el lunes pasado el Gobierno andaluz se enmendó la plana a sí mismo publicando una norma que refuerza el poder de la Intervención para que no se repitan más casos ERE. Eso sí, después de 166 imputados y de 136 millones malversados.