Alaya pide los informes remitidos por Griñán sobre las transferencias de financiación

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya atiende así la petición realizada por el PP-A en un escrito remitido al Juzgado el 14 de noviembre de 2013, en el que criticaba que "voces" de la Junta, "especialmente la que fue viceconsejera y posteriormente consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo , han venido negando que el consejero de Economía hubiera tenido conocimiento de los reiterados informes de la Intervención General" sobre el uso "perverso" que se estaba haciendo de las transferencias de financiación.

Todo ello, añade el PP-A, "en un burdo intento de evitar la responsabilidad de quien es su 'jefe'", aunque lo cierto es que Griñán "puso en conocimiento de todo el Consejo de Gobierno de la Junta las irregularidades cometidas por las distintas consejerías en la tramitación de los expedientes administrativos para el envío de fondos a las empresas públicas a través de las transferencias de financiación y sus consecuencias perversas en la contabilidad".

El PP-A, que aporta documentación a la que ha tenido acceso a través del caso Invercaria , añadía en su escrito que "si a ello unimos el conocimiento cierto que la Consejería de Economía y Hacienda tenía de los hechos a través de la Intervención General de la Junta, podemos concluir que más de la mitad de los consejeros del Gobierno de la Junta presidido por Manuel Chaves conocía con certeza el uso ilegal que se venía haciendo de las transferencias de financiación como forma de envío de fondos, no sólo a la agencia IDEA , sino a la mayoría de las empresas públicas, para evitar la fiscalización previa".

Pues bien, la juez ha dictado un auto en el que afirma que, en el escrito del PP-A, "se formulan determinadas alegaciones en relación al conocimiento por parte del Consejo de Gobierno de las irregularidades cometidas por las distintas consejerías en la contabilización de las transferencias de financiación , aportando documentación a la que ha tenido acceso a través de otro procedimiento".

A juicio de la instructora, resulta "muy significativo, entre otros documentos", el expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2007 "por el que se aprueba el programa de control a realizar en el ejercicio 2007 de las empresas de la Junta sometidas a control financiero permanente, donde se incluye una nota del Servicio de Coordinación sobre 'Conclusiones de los Trabajos de 2006'". En dicha nota "aparecen, entre otras, irregularidades en la contabilización de las transferencias de financiación -entre otras se financian con ellas encargos de ejecución, subvenciones excepcionales...-, incumplimiento de la obligación de reintegro por aplicación indebida de transferencias".

La juez alude también a la 'Memoria de control financiero permanente referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2005', donde "asimismo constarían las irregularidades cometidas por las empresas públicas en el tratamiento contable de las transferencias de financiación", por todo lo cual "se hace necesario contar con la documentación" a la que alude el PP-A, ya que "las actas del Consejo de Gobierno en poder del Juzgado no pasan de ser meros índices ".

Al hilo, la magistrada pide a la Secretaría del Consejo de Gobierno de la Junta que remita "de manera inmediata" los expedientes completos, indexados y foliados que se tramitaron para adoptar los acuerdos de Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2005 y 8 de mayo de 2007 por los que se aprueban, respectivamente, los programas de control a realizar en 2005 y 2007 de las empresas de la Junta sometidas a control financiero permanente.

La juez, en esta línea, requiere a la Secretaría del Consejo de Gobierno y a la Consejería de Economía y Hacienda "para que remita al Juzgado de manera inmediata los informes de los que haya dado cuenta el consejero de Economía en cumplimiento del artículo 52.3 del decreto 149/1998 de 5 de abril por el que se aprueba el reglamento de Intervención de la Junta desde el año 2001". Según exponía el PP-A en su escrito, dicho artículo establece que "el consejero de Hacienda y Planificación, previo informe de la Intervención General, dará cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados que por su interés y repercusión deban ser destacados o puedan servir de base para la adopción de criterios uniformes de actuación".

Igualmente, solicita a la Secretaría del Consejo de Gobierno que remita los expedientes completos que se tramitaron para adoptar el acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de diciembre de 2011 que acordó la refinanciación de la póliza a favor de extrabajadores de Delphi por importe de 60.949.612,38 euros y el acuerdo de 12 de julio de 2011 por el que se acordó una refinanciación a favor de estos extrabajadores por valor de 64.800.981,18 euros. No obstante, y sobre la petición planteada por el PP-A para que se tomara declaración nuevamente al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez , la juez dice que, "una vez recibida la documentación relatada, se acordará lo procedente".