El Gobierno de Zapatero consideró ilegal la subasta de medicamentos

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, está firmado por Dolores Vaquero García, directora general de Farmacia y Productos Farmacéuticos cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encontraba en funciones, fase previa al traspaso de poderes. El documento, aunque tiene fecha de 26 de diciembre de 2011, fue redactado con anterioridad por cuanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomó posesión el 22 de ese mes. El trabajo fue solicitado por la Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección. En marzo de 2012, una vez que la Junta anunció la primera subasta de medicamentos , el Gobierno central del Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional tras el pronunciamiento favorable a esta medida del Consejo de Estado.

Las conclusiones del informe de la Dirección General de Farmacia en la etapa de Zapatero, donde se analiza el decreto de la Junta que abrió las puertas a las subastas de medicamentos , no dejan lugar a dudas. «De aplicarse lo dispuesto en el Decreto Ley objeto de estudio –señala– se estaría limitando la dispensación a un determinado medicamento o producto sanitario seleccionado por el Servicio Andaluz de Salud, de forma que el régimen de determinación de agrupaciones homogéneas y de dispensación de medicamentos o productos sanitarios recogido en la ley quedaría alterado con infracción de las competencias reconocidas en la norma estatal». Y termina así: «Se considera que el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía podría infringir la competencia estatal en la materia».

La Junta de Andalucía ha señalado, en declaraciones a ABC, que nunca ha tenido conocimiento oficial de la existencia del informe. Fuentes de la actual Consejería de Igualdad y Salud aseguraron que ni al Ministerio de Sanidad en la época del PSOE, ni en la más reciente del PP, se le ha formulado consultas previas sobre las subastas . Aunque la Consejería ampara el mencionado decreto en las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía, el coordinador de Sanidad del PP-A y portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado, Jesús Aguirre , destaca la importancia del informe y ve en el empecinamiento del Ejecutivo andaluz por las subastas de medicamentos un afán por confrontar.

«La subasta es una competencia del Estado y con ella se produce una falta de equidad entre las comunidades autónomas a la hora de tener acceso a los mismos medicamentos», afirma. Según Aguirre, con ello se está limitando en la Comunidad andaluza el acceso a los medicamentos, y en la práctica, «no supone ahorro alguno». Al respecto, explica que el Gobierno central ya aplica un sistema de precios de referencia con el que se consigue una reducción mayor.

Insiste Aguirre en que la subasta lo que provoca es una «inequidad», y lo que tiene que hacer la Junta «de una vez por todas es dejar la confrontación política para que no afecte a la salud de todos los andaluces, que debe estar por encima de las disputas». El dirigente popular no duda de la calidad de los medicamentos ofertados por la Consejería en la última subasta, la tercera desde 2012 , y a raíz de la cual ha surgido una polémica por el hecho de que un 70% de los fármacos licitados por la Administración andaluza se fabrican en laboratorios de Asia. Aguirre afirma que en ese aspecto en principio no debe haber problema, porque cualquier fármaco, sea del laboratorio que sea, debe tener el visto bueno de la Agencia del Medicamento.

La Junta emitió el pasado fin de semana un comunicado en el que expresaba su malestar por las dudas sobre la idoneidad de las medicinas que fabrican los laboratorios que participaron en la puja. El Ejecutivo que preside Rajoy ha recurrido las subastas del Servicio Andaluz de Salud ante el Constitucional y por la vía del contencioso administrativo, y aunque se han paralizado temporalmente los procesos, también se ha levantado la suspensión . Aguirre afirma que se hace por imperativo legal, ya que no se puede mantener de forma indefinida, sólo 55 días, la paralización cautelar. Y señala que el Alto Tribunal aún no ha entrado en el fondo del asunto con la correspondiente sentencia.