Denuncian que laboratorios que trabajan para la Junta están «prohibidos y multados en EE.UU.»

Además, según este dirigente del PP, alguno de los laboratorios adjudicatarios son empresas asiáticas «multadas y prohibidas en el mercado estadounidense».

Aguirre ha asegurado en un comunicado que a la última subasta de medicamentos del Gobierno andaluz no han concurrido las grandes empresas farmacéuticas españolas, mientras que sí lo han hecho firmas radicadas en la India y Bangladesh, «algunas de ellas multadas» por la agencia del medicamento estadounidense FDA «y otras, con prohibiciones expresas de exportaciones a Estados Unidos».

«El setenta por ciento de los medicamentos seleccionados por la Consejería de Salud se fabrican en Asia; el dieciséis por ciento en Eslovenia y sólo el trece por ciento de ellos los fabrican empresas españolas con poca presencia en el sector», ha denunciado.

Por ello ha lamentado que esta subasta contrate a empresas «que no presentan instalaciones productivas ni en Andalucía ni en el resto de España, por lo que su aportación al PIB, a la economía nacional y a la creación de empleo es nula».

Aguirre ha reiterado que la última subasta de fármacos de la Junta atenta contra la equidad entre las comunidades autónomas y «merma la accesibilidad» a los medicamentos «en igualdad de condiciones con en el resto de España para los médicos andaluces, perjudicando así a los pacientes».

El dirigente popular ha opinado que esta iniciativa de la Junta ya la ha puesto en marcha el Gobierno central y ha recordado que «la mayoría» de los medicamentos de la subasta andaluza «ya se han rebajado para toda España».

«La medida de la Junta de Andalucía supone crear diferencias e incluso puede generar problemas de abastecimiento entre las diferentes provincias andaluzas», ha añadido Aguirre.

Ha recordado que las medidas adoptadas por el Gobierno central han permitido una bajada del 6 por ciento en el número de recetas expedidas y del más del 20 por ciento en el gasto en farmacia extra hospitalaria, con lo que se ha conseguido un ahorro de 2.700 millones de euros a nivel nacional, de los cuales más de 400 corresponden «a las arcas de la Junta de Andalucía».