La juez Alaya vuelve a citar a Magdalena Álvarez el 7 de noviembre

En ese sentido, recuerda que la responsabilidad de introducir el crédito de transferencias de financiación al IFA en el Presupuesto de la Consejería de Empleo, para después ser aplicado a otorgar subvenciones, como ha quedado explicado en anteriores imputaciones de los consejeros Antonio Fernández García y Magdalena Álvarez Arza , y de los Directores Generales de Presupuesto Antonio Vicente Lozano Peña y Buenaventura Aguilera Díaz, fue de la Consejería de Empleo y de la Consejería de Hacienda, máxime cuando en ésta última se elaboró el presupuesto de IFA.

En ese sentido insiste en que, año tras año la Consejería de Hacienda presuntamente tuvo que conocer cuál era el objeto del programa 31L de la Consejería de Empleo, es decir la concesión de subvenciones, que estas subvenciones eran otorgadas por la Consejería titular del programa, y no por el IFA/IDEA que hasta 2007 no adquiere potestad subvencionadora, y que las mismas se otorgaban a través del uso inadecuado, como fuente de financiación, de las transferencias de financiación, lo que no sólo era conceptualmente inadecuado

Sin embargo, la juez también contesta de forma contundente al Supremo asegurando que está convencida de que la mayor parte de la causa «es inescindible» y anuncia que «el final de la instrucción no está lejos, más bien lo contrario». Por ello la juez anuncia que queda «un trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse, sino por los contenidos que han de incorporarse a la causa para completar la investigación, a fin de determinar el grado de participación delictiva que pudieran haber tenido algunos de los aforados señalados».

Asi la juez asegura que debe continuar con el calendario de declaraciones y estudiar los informes que vayan llegando, entre los que cita varios atestados como el de la Sierra Norte. «Por tanto, este equipo, ellos y yo, necesitamos calma para afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, para encajar los cambios que puedan producirse todavía en el desarrollo de la instrucción y poder en suma culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años “unos pocos incansables».

En cuanto a la responsabilidad del Parlamento apuntada por la Junta, la juez la descarta totalmente ni siquiera como hipótesis de estudio ya que para ello habría que presuponer a los parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria, más bien propio de un experto.