Lanzas pidió 1,2 millones a un empresario para repartir entre cargos de la Junta

Morell, a quien la juez le imputa supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, ha relatado que Lanzas, en prisión preventiva desde marzo por el caso de los ERE, justificó esta comisión por que tenía que repartir dinero entre miembros del Gobierno andaluz que no especificó. Sin embargo, finalmente sólo desembolsó unos 11.000 euros al testaferro de Lanzas, Juan Francisco Algarín, y a otra empresa tapadera para blanquear dinero de las sobrecomisiones administrada por Ismael Sierra, cuñado de Lanzas que también está imputado.

El empresario se ratificó en su declaración ante la Guardia Civil cuando dijo que Lanzas les explicó que pedía comisiones porque «tenía que pagar favores a personas con responsabilidades públicas en la Junta de Andalucía». «Tú no sabes lo que tengo que engrasar para conseguir estas subvenciones», apuntó. Quien le facilitó el contacto de Lanzas fue el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, afirmó.

Animado por la riada de dinero público que le suministró la Junta, Morell trasladó su fábrica de corcho a Villanueva del Río y Minas. Afirma que la candidata del PSOE en las elecciones municipales de 2007, María José Cervantes, actual directora de Área de la Diputación de Sevilla, ganó los comicios gracias a que colocó en la empresa a las personas que le había indicado previamente.

El entonces delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado en la causa y condenado por el cobro de comisiones en el caso Mercasevilla, le prometió que le concedería dos millones de euros pero que los iba a fraccionar en cuatro pagos de 440.000 euros para evitar que pasaran por el Consejo de Gobierno andaluz.

Finalmente, Aglomerados Morell recibió 1,2 millones por un ERE que admite que no era necesario, 920.000 euros de un aval bancario procedente de la Agencia IDEA (la caja pagadora de los ERE que concedía la Consejería de Empleo), dos ayudas directas a empresas de 440.000 euros cada una y 11.000 euros correspondientes a un incentivo para elaborar el plan de viabilidad de la empresa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones de euros para el presidente honorífico de la empresa Aglomerados Morell, Jorge Andrés Morell, a quien la juez imputa sendos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, tras concluir su declaración, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha solicitado para el imputado una fianza civil de 2,4 millones de euros más el tercio legal previsto, lo que hace un montante total de 3,2 millones.

Las acusaciones ejercidas por Junta de Andalucía, Manos Limpias y UGT se han adherido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que el PP ha pedido a la juez que le imponga la fianza civil que considere oportuna. Una vez ha terminado la comparecencia de Jorge Andrés Morell, ha comenzado la declaración de su hijo, Luis Morell, al que seguirán las comparecencias del presidente del consejo de administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante; del consejero delegado de esta empresa, Manuel Rafael Castilla; del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y de su homólogo en Sevilla, Juan Antonio Caravaca.