UGT y CC.OO. cobraron 7,6 millones sólo por traer «negocio» a los mediadores de los ERE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula que ingresaron al menos 7,64 millones de euros , en la mayoría de ocasiones sin realizar asesoramiento alguno, una contraprestación económica que equivalía entre el 0,5 y el 1 por ciento del coste de las primas de prejubilación, procedente de la partida 31-L para empresas en crisis.

Alaya mantiene la tesis de que los sindicatos se han financiado irregularmente con el fondo de los ERE. El 18 de junio lo puso por escrito en un explosivo auto que provocó sacudidas en las sedes de los sindicatos: «Además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma [en alusión a las comisiones que recibían por los ERE] de financiación irregular».

La tumultuosa cadena de detenciones desarrollada ayer tiene dos vertientes: la trama de ayudas a empresas de la Sierra Norte y los pagos ilegales a los sindicatos que «habrían favorecido la tramitación y concesión de las subvenciones» , según la Guardia Civil. Los supuestos servicios que desempeñaron los sindicatos (recogida de datos o cálculos actuariales) es el de «asesoramiento».

Pero los investigadores de la UCO tienen una «duda muy razonable» de que este asesoramiento tenga un soporte real, toda vez que empiezan a recibir ingresos de la mediador Uniter cuando ya se estaban pagando las rentas subvencionadas por la Administración autonómica, según reveló un atestado de 1.221 páginas que forma parte del sumario del caso. La Guardia Civil cuestiona el motivo real de los pagos a los sindicatos a través de los testimonios de miembros de las centrales y trabajadores de la consultora Vitalia. Sonia López, empleada de esta mediadora catalana en Madrid, aseguró que los sindicatos «habían traído bastante trabajo porque se enteraban de empresas que tenían problemas».

Antonio Parrilla, responsable de la oficina que Uniter montó en Valverde del Camino (Huelva) para tramitar las prejubilaciones en el anillo minero de Huelva y Sevilla, la Faja Pirítica, relató a la Guardia Civil que «los sindicatos nunca realizaron trabajo alguno en la oficina de Valverde , ni facilitaban datos ni colaboraban en ninguna de las funciones». Cobraban a cambio de nada. La asociación de extrabajadores que figura como tomadora de la póliza la presidían el exsecretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, y el líder regional de CC.OO., Francisco Carbonero.

En esta segunda rama emerge una figura clave en la trama de los ERE, Juan Lanzas Fernández, el conseguidor de ayudas a favor de empresas y exdirigente ugetista, en prisión preventiva como imputado desde el 22 de marzo, dentro de la primera fase de la citada operación. Tenía línea directa con el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y una relación fluida con los sindicatos.

Las transferencias se realizan a través de sociedades mercantiles pertenecientes a las organizaciones. Por parte de UGT recibieron pagos Temiqui SA, en cuyo consejo de administración se sentaba Salvador Mera, o ITG, vinculada a la federación del Metal, y la federación agroalimentaria de la central en Cádiz. A favor de CC.OO. se registraron abonos a través de FQT Asesores de Recursos Humanos, la Federación Minerometalúrgica de CC.OO.-A o el Grupo Atlantis, aseguradora participada por ambos sindicatos.

Por primera vez las acusaciones de la magistrada por la supuesta financiación irregular de los sindicatos tienen nombres propios. Además de Mera, han sido detenidos dos sindicalistas más, vinculados a la federación andaluza de Comisiones Obreras: Roberto Carmona, exsecretario de Desarrollo, y Francisco Casado, exsecretario de Acción Sindical en Córdoba . Y pesa una orden de arresto sobre el exsecretario de Organización y Finanzas de la Federación de Industria, Textil, Química, Juan Antonio Florido García .

De Mera y Carmona partió la propuesta insólita de que la Junta sufragara con dinero del fondo de los ERE «los gastos» de las movilizaciones organizadas por las centrales sindicales contra el cierre de empresas, según reveló el dirigente gaditano. Ambos «compañeros del Metal» acordaron con el dueño de Uniter, José González Mata , tres pagos de 60.000 euros para costear manifestaciones. El mediador jerezano costeó con 10.026 euros las facturas de catering y hotel del congreso de la Federación Agroalimentaria de UGT-A en Cádiz en octubre de 2009, como revela el libro mayor de contabilidad de la consultora Uniter.