Las excusas de Magdalena Álvarez ante Alaya

Magdalena Álvarez estuvo compareciendo ayer entre las 10.40 y las 13.30 horas ante la juez y los más de 30 abogados personados en la causa. Tras escuchar su declaración, se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta pidieron medida alguna para la imputada, mientras que la acusación que ejerce el sindicato Manos Limpias solicitó a la juez que le imponga una fianza de responsabilidad civil de 125 millones de euros , más el tercio legal previsto.

Así, y según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez ha imputado a Magdalena Álvarez dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pues entiende que fue una de las «promotoras» del procedimiento instaurado para conceder las ayudas, y que consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario -las denominadas transferencias de financiación- «legalmente inadecuado para el otorgamiento» de las subvenciones sociolaborales.

«La adopción de este procedimiento al margen de la Ley se iniciaría por la inculpada puesta de acuerdo con otros, en virtud del interés de la Junta de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones», dice la juez.

Al hilo, la instructora asevera que «este uso ilegal de fondos públicos se permitiría por la inculpada junto con otros , a sabiendas de que necesariamente iba a realizarse con absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía». Así, «y siendo el objetivo burlar el procedimiento legal de subvenciones, indiciariamente para llegar a instaurar éste procedimiento y disponer de gasto público, el paso previo era lograr dichos créditos presupuestarios, las transferencias de financiación, actuación en la que se incardinaría la participación» de Magdalena Álvarez.

La juez pone de manifiesto que la inclusión en el presupuesto de la partida de las transferencias de financiación «daría lugar a un uso completamente arbitrario de los fondos públicos por parte de la Consejería de Empleo, como indiciariamente podía esperar» la imputada «al no existir procedimiento ni control», a lo que se suma que «también su uso sería desmesurado al asumirse compromisos por encima del techo presupuestario».

De este modo, y «en virtud de los compromisos cada vez más numerosos asumidos por la Consejería de Empleo, al margen de la ley, lo cual podía generar menoscabo de fondos públicos», la imputada «contribuiría a alimentar la ilícita partida con la tramitación de nuevas modificaciones presupuestarias», concretamente cinco en 2002 por 32,1 millones de euros , «de los cuales cuatro fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno a propuesta» de Magdalena Álvarez «y una autorizada» por ella. A todo ello se suma que la imputada «daría instrucciones o al menos sería conocedora de que, con este procedimiento, era necesario alterar la realidad del presupuesto de explotación del IFA», concluye la magistrada.

A preguntas de la juez Alaya, la exconsejera aseguró que «nunca» conoció los reparos que la Intervención General opuso a los expedientes de subvenciones sociolaborales, ya que «no tenía que conocerlo por razón de su competencia», y que «ni siquiera lo escuchó indirectamente» pues «nunca se llegó a plantear en la Consejería de Hacienda ni en el Consejo de Gobierno». Asimismo, ha aseverado que «nunca se plantearon» ni en la Consejería de Economía ni en el Consejo de Gobierno dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones sociolaborales que había emprendido la Consejería de Empleo «ante el retraso que pudieran estar sufriendo dichos procedimientos».

Sobre el sistema de las transferencias de financiación, Magdalena Álvarez explicó que las mismas «son un instrumento financiero para allegar fondos a las empresas públicas siempre que dichas empresas públicas tengan entre sus competencias la actividad para la que hayan sido otorgadas dichas transferencias», añadiendo que en la Consejería de Hacienda «lo que se hizo fue trasponer» la legislación estatal a este respecto.

Asimismo, y en contra de lo asegurado por el exdirector general de Presupuestos y exviceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano y del exinterventor general Manuel Gómez , Magdalena Álvarez ha asegurado que las transferencias de financiación sí «pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones». A su juicio, «ha podido haber un uso inadecuado pero no una presupuestación inadecuada». En este sentido, y preguntada sobre si, «al no tramitarse los expedientes como subvenciones, se evitó la fiscalización de las mismas», la imputada ha reconocido que «si efectivamente la Consejería de Empleo no tramitó bien los expedientes de subvenciones, tendrían consecuencias como la ausencia de fiscalización», tras lo que dijo que, a su juicio, «el sistema más idóneo hubiera sido la encomienda de gestión».

En otro punto de la declaración, la juez le preguntó sobre la «habitualidad» con que se reunía con el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves , y con el que en esa época era consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías , a lo que la imputada ha contestado que con el primero «sí se reunió de forma más o menos frecuente para tratar de los temas que le competían», mientras que con el segundo «no llegó a reunirse». De la comparecencia también destaca el momento en que la juez le cuestionó sobre si «cree que el lenguaje y la codificación presupuestaria precisan de cierto nivel de especialización y que la detallada clasificación del gasto a nivel de artículos y subconceptos no es entendible por cualquier parlamentario», a lo que Álvarez respondió que «todo lo contrario», pues «todos los parlamentarios están absolutamente especializados en materia presupuestaria ».

Magdalena Álvarez únicamente contestó a las preguntas de la juez y de los fiscales anticorrupción durante una comparecencia que, según abogados personados en la causa, consistió en un debate de derecho presupuestario. Al finalizar la comparecencia, la imputada compareció ante los periodistas para defender que su gestión al frente de la Consejería fue «absolutamente transparente y clara» y que «no tuvo ningún conocimiento» de los hechos que ahora se están investigando. «Me he sentido muy cómoda, no ha habido ninguna tensión ni problema y todo ha discurrido como tenía que discurrir», dijo la imputada, quien, preguntada por la imputación que le ha realizado la juez, fue tajante al asegurar que « de la imputación me ha sorprendido todo ».