La Junta mantuvo el modelo de los ERE a sabiendas de los «problemas de control»

A pesar de sus objeciones y reparos, el Gobierno andaluz mantuvo el mecanismo de pago que ha estado utilizando durante años para inyectar combustible financiero a sus empresas y organismos . De hecho, el Ejecutivo sigue empleando hoy día este procedimiento en su sector público.

En el informe, de tres páginas, que lleva por título «Instrucción Nº1/2009, de 15 de junio, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se dictan las normas para la presupuestación de transferencias corrientes y de capital», el exdirector general de Presupuestos argumenta, en referencia a las transferencias y subvenciones de explotación y capital, que «ofrece una imagen distorsionada de la financiación de las empresas públicas , ello sin obviar los diversos problemas que se plantean en el ámbito del control de este tipo de actuaciones». Este mecanismo de pago, con controles más laxos, favoreció el «saqueo de fondos públicos» , según la tesis de Alaya, que dibuja en sus autos una trama de corrupción «institucionalizada».

El «modus operandi» de las ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis y las inversiones discrecionales de Invercaria era similar. En ambos casos se utiliza como intermediaria a la Agencia IDEA , un ente dependiente de la Junta pero ajeno a los rigores del control público, como vehículo para mover el dinero y repartir subvenciones. Alaya sostiene que Aguilera conocía el «ilegal uso» de las transferencias de financiación para la concesión de las ayudas sociolaborales y también las «ilícitas y fradulentas» partidas que se incluyeron en los Presupuestos de la Junta con la finalidad de evitar el control de la Intervención y la fiscalización de las mismas.