La juez Alaya abre otra investigación derivada del caso ERE ante la aparición de nuevos delitos

En un auto dictado el pasado 12 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya hace referencia a un oficio presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que "se pone de manifiesto" que dicha unidad "ha continuado profundizando en las investigaciones que se derivaron" de un atestado policial entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado 12 de marzo de 2013.

Hay que recordar que, una vez presentado este atestado, la Guardia Civil llevó a cabo la denominada operación 'Heracles' , en la que investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Dentro de esta operación, fueron detenidas 22 personas, de las que siete ingresaron en prisión, continuando a día de hoy tres de ellas en la cárcel. Así, permanecen en prisión el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y los directivos de Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual.

En el auto, la magistrada asevera que de dicho oficio "se deduce la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de nuevos ilícitos penales, así como la constatación de nuevas líneas de investigación distintas de las llevadas a cabo en la presente causa", por lo que acuerda deducir testimonio de las actuaciones practicadas dentro del secreto" acordado el 6 de noviembre de 2012 y levantado a finales de mayo de este año.

En este sentido, la instructora decide asimismo incoar nuevas diligencias previas, distintas de las del caso de los ERE fraudulentos, en las que "se practicarán cuantas gestiones se consideren oportunas para la averiguación de los hechos y la identidad, en su caso, de los presuntos responsables".

En el caso ERE hay imputadas un total de 123 personas, de las que 72 no han comparecido a día de hoy ante la juez Mercedes Alaya, que recientemente planteó la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y de cinco exconsejeros autonómicos, una decisión que ha sido recurrida por la propia Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Sevilla.